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Presupuesto, en la línea de riesgo Destacado

Presupuesto, en la línea de riesgo

Las universidades públicas del país enfrentan de nuevo el hándicap presupuestal. Los recursos que podrían asignarse a la educación superior del país son apenas suficientes para arrancar con un incremento real de cero para 2018.
No hay recortes al gasto en comparación con el ejercido de manera global en este año, pero tampoco hay margen de maniobra para lograr un incremento, aunque éste sea mínimo.
Las emergencias provocadas recientemente por los sismos del 7 y el 19 de septiembre colocan la prioridad financiera en otro lado y en otra circunstancia.


Eso lo saben los rectores y directores generales de las instituciones de educación superior. Reconocen que este factor que nadie esperaba iba a jugar en contra de muchos sectores que requieren y demandan de mayores apoyos económicos.
Porque si bien es cierto que las zonas afectadas y la reconstrucción en varias entidades afectadas por los temblores recibirán una aportación considerable, también levantan la voz para precisar que el sector educativo no debe ser castigado como parte de esta reasignación.
Desde ahora, los rectores se mueven a nivel federal, donde recientemente fueron recibidos por las autoridades de la Secretaría de Hacienda.
De ahí surgió el compromiso de no restar recursos a las universidades públicas y los institutos tecnológicos del país, incluso en medio de la contingencia económica que se viene.
Pero también es un hecho que los recursos extraordinarios que urgen a las instituciones no están considerados hasta ahora ni en la propuesta presupuestal 2018 enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, ni en la agenda legislativa de ninguno de los partidos representados en la Cámara baja.
Como ocurre cada año, la suerte de estos fondos se encuentra en la mesa de la negociación que este año parece todavía más reducida y complicada que en ocasiones anteriores.
El escenario parte de un crecimiento cero. Sin ventajas a futuro y con mucha incertidumbre para el próximo año fiscal.
La agenda de las universidades públicas en los siguientes días le apuesta todo a esos recursos extraordinarios que han fortalecido a las instituciones en los últimos años y no quieren que se pierda esa inercia.

Las condiciones iniciales
De entrada, la Secretaría de Hacienda, encabezada por José Antonio Meade Kuribreña, puso en la mesa el compromiso, ante los integrantes del Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de no mermar el presupuesto para el sector.
Sin embargo, la otra vertiente, al menos por ahora quedó fuera. Y es que los recursos extraordinarios que demandan las universidades del país no están garantizados.
Como lo plantea el propio rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, se mantendrá un incremento cercano a los 3 mil millones de pesos a nivel nacional para cubrir la pérdida adquisitiva del presupuesto asignado para este año.
“Se tiene que reestructurar el presupuesto, de algún lado tienen que salir los montos y esto implica sacrificio, hay toda la intención de no dañar el presupuesto para la educación media superior y superior”, argumenta.
Sin embargo, frente a la negociación legislativa, que ya se intensificó esta semana, no hay nada seguro. Una señal que, de inicio, le pone mucho más presión al resultado que se pueda generar en los pasillos de San Lázaro.
 “Las universidades tenemos problemas estructurales y queremos ser parte de la solución y no del problema, parece ser que se encamina por el hecho de que no se afecten los apoyos ordinarios, o sea el irreductible, y la posibilidad de rescatar total o parcialmente los apoyos extraordinarios”, considera.
En ese sentido, Jesús Valenzuela García, rector de la Universidad Agraria Antonio Narro (UAAN), la mayoría de los encargados de las instituciones de educación superior estarán de manera directa en la Cámara de Diputados para solicitar a los integrantes de la Comisión de Educación una bolsa extraordinaria.
“Lamentablemente el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación que será analizado y votado en noviembre, contempla una reducción de 41 millones de pesos y apenas un tres por ciento de aumento para el concepto de salarios, lo que impediría a la UAAAN implementar algunos proyectos de desarrollo e investigación, además se limitaría el crecimiento de algunas áreas específicas de la universidad”, advierte.
Por ello, dice Valenzuela García, es fundamental hacerles ver a los legisladores el impacto que tendría una reducción al presupuesto. Hacia allá es donde deben dirigirse las gestiones.
Porque lo que plantea el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 plantea recortes en materia educativa. Eso es un hecho.
Para 2018 se propone gastar en educación 1.4 por ciento menos que lo aprobado para 2017. En este escenario, la enseñanza superior es la más afectada porque su presupuesto se reduce en 1.8 por ciento.
Por ello, el gasto para la educación profesional de un alumno pasa de 49 mil 116.7 pesos a 46 mil 763.
Aunado a esto, el proyecto sugiere disminuir los subsidios para las universidades estatales, mantenimiento de infraestructura y se elimina el programa para el pago de pensiones.
El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Gustavo Cruz Chávez, asume que la petición presupuestal de las instituciones de educación superior se hace con toda sensibilidad por el momento que se vive.
“Somos conscientes de la realidad nacional y el entorno complicado de las finanzas públicas, pese a ello, las universidades necesitamos que no haya reducción de estos ingresos pues son fundamentales para continuar, cabalmente, con nuestras funciones sustantivas”, apunta.

Plantear alternativas
De acuerdo con el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Carlos Eugenio Ruiz Hernández, las universidades están planteando peticiones y propuestas en torno a las capacidades y estrategias para potenciar el avance educativo y en ese contexto deben entenderse sus planteamientos.
“Se trata de resaltar la importancia que tiene la educación superior  para el fortalecimiento del capital humano; la postura de los rectores es trabajar en favor de la pertinencia y la calidad educativa”, comenta el rector.
Sin embargo, apunta el rector de la UNACH, el compromiso debe ser compartido con los distintos órdenes de gobierno, lo cual debe quedar reflejado en el presupuesto que finalmente ejercerán las universidades del país en 2018.
Una tarea que puede ser más fácil, plantea el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Manuel Fermín Villar Rubio, si se retoma una propuesta que ha sido impulsada desde hace varios años por los organismos que agrupan a las instituciones de educación superior en el país, que son los presupuestos multianuales.
“No tenemos una estimación, pero buscamos que no se nos recorte el presupuesto, se nos redujeron fondos complementarios que eran para construcción, equipamiento, para que los maestros de tiempo completo manejen las redes de intercambio”, recuerda Villar Rubio.
Y es que, señala, el contar con un financiamiento plurianual, es un asunto que se observa viable, pero que mucho depende de la sensibilidad de los legisladores federales y de los diputados en el Congreso local.
Asimismo, el rector de la Universidad de Colima (UdeCol), José Eduardo Hernández Nava, confirmó que el 2018 será un año difícil en materia económica porque no habrá aumento presupuestal para las casas de estudios estatales ni se vislumbra que se garanticen recursos extraordinarios.
”Nos informaron que no va haber incremento a lo que llamamos el presupuesto irreductible, no hay incremento, pero vienen los presupuestos extraordinarios de los cuales les llamamos bolsas concursables”, explica el rector de la UdeCol.
“Nosotros estamos concursando ahí por cerca de 50 millones, pero como viene la situación vamos a ver cómo vamos a gestionar los recursos necesarios para que la institución salga adelante”, advierte.
Y es que lo importante, comenta el rector, es que los diferentes programas y prioridades, especialmente aquellas que van enfocadas a elevar la calidad académica y la formación de alumnos y el fortalecimiento de la planta docente, deben estar blindados para evitar retrocesos.
En eso coincide el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Fierro, quien admite que la negociación presupuestal será una ardua labor.
“Las universidades en México cada vez sufren de la deficiencia de los presupuestos, por ejemplo; este año recibimos un recorte por parte de la federación de 5 mil millones de pesos para las universidades públicas estatales”, comenta.
Esto, las sitúa en una situación de desventaja que podría acrecentarse de acuerdo con las estimaciones y la perspectiva que seguirán los legisladores en los próximos días.
Una negociación, argumenta el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera en el que no debe perderse de vista que las instituciones de educación superior son un factor de estabilidad y gobernabilidad.
“Es muy importante que no nos inhabiliten, que hoy enfrentamos una serie de situaciones como lo es una gran demanda por ingresar, la cobertura, la inclusión, la calidad en la educación y estamos enfrentando con mucho temor la incertidumbre de saber cuál es el trato que se le dará a la educación en el país y que lo planteamos como un tema de soberanía nacional”, enfatiza.
Ello, plantea, sin contar con los problemas estructurales fuertes como son las pensiones, jubilaciones, los incrementos salariales y el recorte a los presupuestos de Ciencia y Tecnología.
“Se va a requerir dinero para levantar escuelas, para levantar viviendas, para levantar y establecer mejores mecanismos de atención en salud a los damnificados, pero tenemos la oportunidad de poder reorganizar y redireccionar ese apoyo excesivo a los partidos políticos”, propone.
A eso le van a apostar las universidades del país y a eso se van a enfrentar. A una propuesta del Presupuesto Egresos  de la Federación 2018 que contempla 10 por ciento menos para Cultura, 4.7 por ciento menos para Ciencia y Tecnología, y 1.8 menos para Educación.
Una tendencia que ha impactado a las universidades, a las que se les cortan los recursos extraordinarios, los cuales de mil 400 millones que tuvieron en 2016 pasaron a cerca de 72 millones en 2017 y ahora se va a línea cero.   


Preocupación evidente
Para el rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Juan Manuel Ocegueda, el presupuesto que recibirán la universidades públicas por parte del Gobierno Federal contempla un incremento nominal del 4.8 por ciento.
Sin embargo, al ser menor a la inflación, esto significa que en términos reales el recurso que tendrán para operar el próximo año será inferior al ejercido este 2017.
Adicionalmente se anticipan recortes considerables a los subsidios extraordinarios que reciben las Universidades de parte del gobierno Federal, recursos que son una fuente importante para la operación de proyectos académicos estratégicos para todas las universidades del país.
El rector de la UABC sostiene que hace 5 años la universidad recibía entre 400 y 500 millones de pesos en recursos extraordinarios, pero para el 2018 se tiene proyectado que el monto, si es que se logra reasignar, sería de 50 a 80 millones de pesos.
En tanto, e rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán, señala que el Proyecto de Presupuesto de Ingreso y Egresos 2018 acrecienta déficits históricos, como los pagos a las 2 mil plazas sin techo presupuestal y las casi 30 mil horas que carecen de recursos, además de pagos de pensiones y jubilaciones.
“El presupuesto 2018 que se pide para la universidad es similar al del año pasado; no se previó el gasto para infraestructura de seguridad y otras áreas que si bien no son sustantivas requieren de inversión”, dice.
Y es que otra de las áreas que no deben quedar desprotegidas en el tema presupuestal, de acuerdo con lo que plantea la ANUIES, es el asunto de la cobertura.
Porque existen diferencias en el porcentaje de cobertura entre kas entidades que se complicarían aún más.
Así como la zona metropolitana del país está arriba del 90 por ciento de la cobertura a niveles de países más desarrollados, hay zonas que están abajo de la media nacional.
Es decir, mientras la media nacional en cobertura en este nivel es de 37.3 por ciento, hay entidades en las que el porcentaje se encuentra en 20 por ciento.

Carlos Reyes

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