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Una nueva política financiera para las universidades públicas Destacado

Una nueva política financiera para las universidades públicas

Hay un conjunto de la población, realmente minoritario, que la ha pasado bien en los últimos 17 años. Los datos que ha manejado Esquivel, del Wealth Report entre otros, indican que el 10 por ciento más rico de la población mexicana concentra casi dos tercios de toda la riqueza nacional. Pero, frente a los que les ha ido bien, están los que dicen que les ha ido mal, y que cada año que pasa les va peor. La concentración de la riqueza está vinculada a la persistencia de la pobreza: “vivimos en un país de grandes contrastes”.
Los periodistas y los cronistas, más un cúmulo de investigadores académicos, nos dicen que la vida nacional, en efecto, está llegando a ser indeseable. Lamento tener que repetirlo cada vez, pero hay que hacerlo porque los políticos, no leen y no escuchan. El diagnóstico, hoy, es importante porque estamos frente a un proceso electoral, y hay cuestiones que el próximo gobierno tendrá que atender para que no se agraven.


Este gobierno, que termina en el 2018, va a dejar muy mal a las universidades públicas. El deterioro no es de ahora, viene desde los que estuvieron antes.  (Véase Mendoza y véase Márquez) Doy algunos ejemplos:
1.El gasto federal en educación se ha mantenido con muy pocas variaciones en los últimos tres lustros. El gasto no llega a cubrir lo pactado en la Ley General de Educación.
2. Tampoco el gasto en ciencia y tecnología ha alcanzado recursos suficientes. En esta época, el país se encuentra ante la perspectiva de una mayor dependencia científica del extranjero.
3. El aumento de la matrícula en el sistema de educación superior se ha movido por encima de los aumentos presupuestales; es probable que no se alcance la meta de cobertura prevista para el sexenio. Varias universidades públicas han hecho un esfuerzo para aumentar su matrícula, sin que hayan recibido más recursos.
4. En términos generales, el gasto en educación superior y posgrado ha tenido cambios muy pequeños, no ha habido certeza presupuestaria y no se han escuchado las recomendaciones de la ANUIES ni las de las universidades. El gasto unitario (por alumno) ha ido a la baja.
5. La burocracia de la federación ha impuesto vericuetos de todo tipo para asignar recursos; no hay claridad sobre la asignación que se otorga a cada institución.
6. Tenemos un sistema de universidades públicas muy heterogéneo en cuanto a sus capacidades científicas e intelectuales, lo cual está vinculado al monto de recursos que recibe cada institución. El presupuesto no atiende a las problemáticas específicas de las universidades. Es parte de la política de deshomologación. Que, de seguirse, como lo menciona el rector Tonatiuh Bravo Padilla, puede llevar a una crisis mayor de la educación superior.
7. La contracción al gasto público tiene que ver con la crisis financiera declarada por cinco universidades públicas, que son de la mayor importancia para sus entidades. No será extraño sí otras universidades siguen el mismo rumbo en el 2018. Da la apariencia de que la política de la educación superior pública está siendo guiada por el mismo principio de desbaratar el país. No se sabe cuánto van a resistir las universidades públicas.
El Dr. Enrique Graue, rector de la UNAM, ha hecho hincapié, en varias ocasiones, en que la educación gratuita y de calidad es una responsabilidad del Estado, particularmente en situaciones históricas de gran desigualdad social, como la que se vive en México. Se entiende, lo ha dicho el rector con lucidez, que las decisiones de las universidades son propias, autónomas, y que su financiamiento es público. Esta postura la ha sostenido ante rectores del país y de América Latina. El Dr. Gráue señaló, igualmente, que el manejo de recursos debe ser transparente y con rendición de cuentas.  La universidad pública debe ser libre, plural, laica y gratuita.
Proyectar el país hacia el futuro supone contar con buenas universidades públicas que puedan operar sin contratiempos financieros, que hagan una revisión de sus gastos para atender las prioridades de sus funciones sustantivas lo mejor posible, y que estén conectadas con las necesidades y problemas sociales de su entorno para cumplir satisfactoriamente con sus propósitos.  
Los mexicanos necesitamos una nueva política financiera para la educación superior. Debemos continuar hablando del financiamiento a la educación superior, influir para alcanzar el 1 por ciento del PIB, y que el presupuesto se asigne de manera plurianual. Asimismo, establecer una vigilancia más estrecha para que no existan dudas de la transparencia y establecer reglas claras para la distribución de los recursos económicos. Hay que dialogar, autoridades y académicos, para formular soluciones a los problemas universitarios, favorecer que las universidades públicas encuentren coincidencias y mantengan una posición unida, frente a las tesis gubernamentales que impliquen retrocesos. Finalmente, habría que promover el intercambio de ideas entre quienes se dedican a la investigación de la universidad en México.

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UNAM. Seminario de Educación Superior, IIS. Profesor de la FCPS.

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