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Universidades al Borde : Los orígenes Destacado

Universidades al Borde : Los orígenes

El artículo de dos semanas atrás, relativo a la quiebra técnica de siete universidades públicas (“Universidades al borde”, 7 de diciembre), culminaba con la afirmación relativa a que la SEP, finalmente, no las había apoyado en su difícil situación, argumentando “razones evidentes”. Ahí también se aseguraba que en la siguiente entrega se ampliaría el tema. Como no lo hice, ya que sobrevino el nombramiento del nuevo titular de la SEP, algunos de mis dilectos lectores me llamaron a cuentas, emplazándome a cumplir, aunque sea tardíamente, con aquel ofrecimiento. Cosa que hago ahora.


Tanto el subsecretario del ramo, Salvador Jara, como el director de educación superior, Salvador Malo, comunicaron la imposibilidad de que la SEP aliviase la difícil situación que para cerrar el año confrontan dichas casas de estudio. Desde inicios de este 2017, la dependencia había sostenido reuniones con dichas instituciones a fin de que, en un esquema de compromisos recíprocos, pudiesen encontrar un camino para la delicada situación en que se encuentran. El Dr. Malo fundamentó la negativa en función de que los sismos y huracanes han obligado al gobierno federal y a la SEP a revisar su capacidad financiera y a redefinir sus prioridades de gasto (El Sur, Cuernavaca, 23 de octubre). Por su parte, el Dr. Jara fue más directo, declarando lo siguiente: a) la SEP no cuenta con recursos disponibles para lo solicitado; b) un buen número de IES no han tomado medidas apropiadas para hacer frente a la situación; c) “ellas conocen muy bien cuáles son sus fuentes del déficit y qué tipo de acciones deben llevar a cabo para que la crisis no crezca” (T. Moreno, El Universal, 22 de noviembre).  Pero además, con cierta molestia, remata aquellas razones: “…cuando se da el dinero, la mayoría de las universidades no han hecho nada”, refiriéndose a los programas de atención a “problemas estructurales”, destinados a abatir pasivos.
La negativa de las autoridades de la SEP tiene además un fundamento histórico. Desde 1994, ante problemas de financiamiento originados con el gobierno federal, por parte de las Upes (incumplimiento en pagos de ISR, seguro social, ISSSTE y otros), mismos que se habían incrementado notablemente, volviendo la deuda impagable, la ANUIES consiguió que el secretario de la SEP (José Angel Pescador) y el de la SHCP (Pedro Aspe), después de un estudio exhaustivo, decidieran una quita total a dicha deuda, una especie de “borrón y cuenta nueva”. La decisión fue muy relevante, tal monto equivalía a varias veces el subsidio federal a las Upes, pero también la decisión implicaba un compromiso de nunca más incurrir en mora por esos conceptos
Ocho años después se empezó a presentar el mismo fenómeno de adeudos, aunque ahora por otras razones o causas, sin que se eliminasen del todo algunas de las ya existentes. Entre las primeras destacan aquellas que se habían acumulado en los 20 años previos: a) contratación de personal sin sustento financiero autorizado; b) otorgamiento de prestaciones no reconocidas al personal, entre ellas, aguinaldos, pensiones con un régimen muy generoso, primas de antigüedad pródigas; c) pago a jubilados con base a nóminas de personal en activo. Ese tipo de causas, como se dijo hace dos semanas, han generado ya un pasivo de 358 mil millones de pesos (cantidad que representa casi tres veces el subsidio federal que se otorgará al total de Upes el próximo año), dando lugar a dificultades muy severas para cerrar el año en siete de las 24 universidades que se encuentran en esa situación. Ante la adversidad o lo inevitable, varias de ellas han hecho virtud de la necesidad. Han conseguido que los gobiernos estatales las saquen del apuro, aunque sólo sea para cerrar el año. Un caso notable es el de la Universidad Autónoma de Nayarit, institución cuyo mantenimiento por parte del gobierno de la entidad federativa se reduce al siete por ciento de su presupuesto de egresos. La ‘solución’ es, como en otras Upes, adelantarle varios meses del subsidio de 2018, remedio que solo tornará más intenso el problema el próximo año.
La situación es muy delicada. Ante lo expresado por los funcionarios de la SEP, pareciera que, independientemente de las razones y responsabilidades implicadas, el primer paso lo deben dar las universidades que están en esa circunstancia, tal como lo ha hecho, hace dos semanas, la Universidad de Guanajuato que ha logrado firmar con sus dos sindicatos un nuevo régimen en materia de jubilaciones y pensiones, mismo que le permitirá fortalecer su rumbo institucional.

Carlos Pallán Figueroa

Ex secretario general ejecutivo de la ANUIES

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