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Las indicaciones del ejecutivo federal al director de Conacyt fueron que, junto con la consejería jurídica, revisara el marco normativo del sector para modernizarlo y presentar una iniciativa de ley para que lo exitoso se extendiera en el tiempo. Esas fueron las palabras
de Enrique Peña Nieto el pasado 12 de enero, en la inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas en Querétaro.
A pesar de que a esas alturas del periodo gubernamental ya no hay tiempo para plantearse cambios mayores, tal aparece que las instrucciones serán acatadas. Al menos es lo que ha anunciado Enrique Cabrero, titular del Conacyt. Por ejemplo, ha dicho que se presentará una reforma a la ley de ciencia y tecnología para que “los apoyos gubernamentales en ciencia, innovación y tecnología se mantengan pese al cambio de administración federal” (Reforma 25.01.2018).


La ley de ciencia y tecnología, al menos desde fines de los años noventa, ha sido modificada en diversas ocasiones, principalmente para otorgar mayores capacidades e instrumentos al Conacyt, como órgano rector de la política científica y tecnológica. Las reformas más importantes han sido la de 1999 y la de 2002.  
La modificación de fines de los años noventa, tal vez el cambio más significativo en la ley correspondiente, instauró los fondos competitivos para la distribución de recursos, el establecimiento de la evaluación de resultados como requisito para distribución adicional de recursos, mayores atribuciones a Conacyt, la indicación de que los centros públicos de investigación debían celebrar convenios de desempeño con la administración pública y la apertura a otros agentes y sectores a la participación en el diseño de las políticas sectoriales.
Por su parte, la reforma de 2002, ajustó nuevamente los fondos competitivos —tanto para su otorgamiento como para cumplir su función de orientación a la demanda—, pero también planteó la creación de un ramo de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la inversión que debía destinarse. De ahí viene el tratamiento de un ramo presupuestal propio para Conacyt (el ramo 38), como entidad no sectorizada, el cual se hizo efectivo a partir del 2004. Recuérdese que antes el organismo dependía de SEP y más antes de otra secretaría, ahora ya desaparecida.
Además, en la misma iniciativa se planteó que: “se hace necesario contar con un mecanismo que permita articular una política de Estado en esta materia y que garantice su eficaz ejecución así como un manejo más eficiente y simplificado”. Así que incluyó los atributos de una política de Estado y un nuevo ajuste a diferentes órganos, como el Foro Consultivo, la Conferencia Nacional, la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, el Consejo General y nuevas reglas para los centros públicos de investigación que implicó cambios en la periodicidad en los convenios de desempeño y en la obligatoriedad de realizar actividad docente.
A juzgar por los resultados y las intenciones, tal parece que los cambios a la ley no han sido suficientes. En algunos casos porque no se cumple lo que dice la ley, como en el monto de recursos que debiera destinarse al sector o en el funcionamiento de algunos órganos. O bien, porque la norma necesita nuevas revisiones casi enseguida de que se realizan los ajustes.
¿Cuál es el sentido que podría tener una nueva iniciativa de ley? El director de Conacyt, a propósito del retraso en la puesta en marcha del Gran Telescopio Milimétrico, ha dicho que los sexenios son letales para la ciencia y la tecnología, por lo cual se necesita una reforma que permita mantener los apoyos a la ciencia y la tecnología a pesar del cambio en la administración federal. Lo sorprendente es que desde fines de los años noventa, la política para el sector se ha sostenido, pese a la alternancia.
Entonces, ahora, el cambio será básicamente en materia de financiamiento. El mismo titular del Conacyt adelantó que se otorgará “al ramo de ciencia y tecnología una visión obligada de largo plazo, en un horizonte de planeación de dos a tres décadas. Le brinda además las características para elaborar un plan con esa visión, incorporando el punto de vista gubernamental, así como de los sectores académicos y empresariales” (Foro Consultivo. Boletín 40).
El asunto no será sencillo de resolver. Lo que actualmente establece la ley en materia de financiamiento para el sector (el uno por ciento respecto al PIB) simplemente no se ha podido cumplir. Otro asunto es que la aprobación anual del presupuesto es competencia de los diputados, así que no solamente se necesitará disposición y las mejores intenciones del gobierno federal.
Todavía más: el Congreso está saturado de iniciativas que siguen sin dictaminarse. La LXIII legislatura acumula un rezago de más de 4 mil 500 iniciativas y está en su último periodo ordinario de sesiones (Reforma 28.01.2018).  
No parece probable que una nueva reforma a la ley de ciencia y tecnología sea dictaminada de forma expedita, menos en esta legislatura; tampoco que su destino sea más prometedor que el de las anteriores. Estamos en periodo electoral.
Posdata: Germán y Pedro, gracias por su colaboración.

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

 

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