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Autonomía, anticorrupción, amparos /I Destacado

El fallo de amparo tiene trascendencia nacional y confirma el estatus especial de  la autonomía universitaria. El fallo de amparo tiene trascendencia nacional y confirma el estatus especial de la autonomía universitaria. Especial

El pasado lunes, un juez de distrito amparó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en contra de actos del Congreso de esa entidad federativa. Este había reformado la Ley Orgánica de la institución educativa en octubre pasado (junto con la Ley de Entidades Paraestatales) con el objetivo de adecuarla al Sistema Estatal de Anticorrupción, mismo que prevé, en parte de su normatividad, la designación de un órgano interno de control por ese cuerpo legislativo en los órganos autónomos del Estado de Hidalgo. En una interpretación de los poderes ejecutivo y legislativo, el término “entidad autónoma” comprendió a la casa de estudios, situación que se ha repetido ya en otros cinco estados de la República.  


La reacción por parte de la UAEH fue inmediata. Por un lado, interpuso un amparo en lo que consideró una intromisión en su régimen interno  de autonomía; por otro, solicitó y obtuvo un apoyo irrestricto por parte de la Anuies,  organización que criticó el hecho, haciendo un  llamamiento a los  poderes de los  estados de  la  República  para que eviten  o  corrijan ese  tipo de actos. Según resolutivo de su Consejo Nacional, Anuies considerará, en todos esos casos, “violatorio a cualquier acto que afecte el funcionamiento o pretenda limitar los  principios y alcances de la autonomía universitaria  reconocidos por nuestra Carta Magna  y  establecidos  en  las leyes orgánicas de  estas instituciones”.
El juicio de amparo ha concluido y la resolución es contundente: “la Justicia de la Unión ampara y protege a  la UAEH….para que las  normas  legales señaladas (la reforma a la Ley Orgánica) no le sean aplicadas….incluso en el futuro”.  El fallo tiene trascendencia nacional y confirma una posición doctrinaria que hasta ahora era muy debatida: la autonomía de las universidades tiene un estatus especial que no debe  asimilarse  a otros órganos o entidades autónomas creados  por la Constitución Federal o las de  los estados. La historia completa de esto es la que a continuación se  expone.
En 2015 se aprobó constitucionalmente el SNA. El impulso mayor para su establecimiento vino de organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a lo que ya era un enorme malestar social. Concebido como una política del Estado Mexicano, y de acuerdo con el  nuevo texto del  artículo 113, esa nueva estructura se erigía como una “instancia de coordinación entre  las autoridades de  todos los órdenes de  gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos  públicos”.
Para desarrollar el texto constitucional se previó la elaboración y reforma de un conjunto de leyes federales a partir de las cuales se pusieron en vigor principios, objetivos y procedimientos que  permitieran darle vida a la nueva institución. De igual manera, el SNA se extendería a los estados, estableciéndose sistemas locales anticorrupción. Los plazos previstos para que ya estuviese en marcha toda esa vasta estructura se fijó para julio del año pasado. Cuando llegó la fecha límite, si bien ya estaban promulgadas las leyes correspondientes en la esfera federal, su instrumentación era incompleta: nuevas entidades sin que hubiese nombramiento de titulares; pocos o nulos  recursos para empezar a operar,   etc. En el ámbito estatal la situación era aún más difícil, por no decir caótica.  Los dedos de una mano son muchos para contar los sistemas estatales que lograron completar debidamente el conjunto de condiciones para la operación y que cerraban la brecha  respecto a lo previsto en la reforma constitucional.
De la decena de leyes que conforman el SNA, incluida la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cinco extendieron el ámbito de aplicación, expresado en el artículo 113, a las universidades (las de:  Fiscalización Superior de la Federación, Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Ley General del SNA). El artículo 113 se refiere exclusivamente a los tres órdenes de gobierno y este nuevo conjunto normativo, tomando de manera parcial como modelo a la Ley de Transparencia, incluyó a los llamados órganos constitucionales autónomos con la calidad de sujetos obligados. Dentro de ellos comprendió a las universidades autónomas, asimilándolas a entidades como el INE, el Inegi, la Comisión Federal  de Competencia Económica, el Coneval,  entre  otros, aplicándoles las mismas  reglas de control y  fiscalización.

Carlos Pallán Figueroa

Ex secretario general ejecutivo de la ANUIES

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