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Opinión

Universidad, derechos humanos y ciudadanía

Parte del compromiso social de algunas universidades mexicanas y de América Latina ha sido su participación en la defensa y promoción de los derechos humanos (DH) y en el ejercicio de la ciudadanía. Aunque dicho compromiso no siempre—más bien en pocas ocasiones—ha sido a nivel institucional, no ha impedido que la participación estudiantil y magisterial en las movilizaciones sociales por su ejercicio haya sido intensa. La historia de las universidades de la región nos ha dado cuenta de un número importante de episodios y batallas librados a lo largo del siglo pasado y del actual, en que los estudiantes y profesores universitarios han sido protagonistas importantes en ellas. De hecho, para bien y para mal, una buena parte de la clase política mexicana se ha formado en las universidades, primero casi exclusivamente en las públicas, pero también recientemente en las de carácter privado.

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Armando Rojas Arévalo: Las historias a fondo

Celebro a quienes no se conforman con dar clases, o hacer periodismo, o  escribir libros, sino que pueden hacer todo y muy bien. El maestro Armando Rojas Arévalo es uno de ellos, y por eso me enorgullece presentar Las historias a fondo, un espléndido manual de investigación periodística, al mismo tiempo necesario y ameno y actualizado hasta donde es posible.

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La reforma educativa y la nueva federalización

La llamada reforma educativa tendrá su complemento y profundización en la Reforma Hacendaria, al centralizar nuevamente el gasto para la educación básica en el gobierno federal. Con ello se vuelve, en buena medida, a la reforma constitucional de 1921, aquella que creó la SEP, misma que fue suprimida en 1993 cuando los recursos federales para dicha finalidad fueron transferidos a las entidades federativas. Expliquémoslo.


La reforma constitucional de este año en los Artículos Tercero y 73, continuada con la promulgación de la reforma a la Ley General de Educación y la creación de las correspondientes a las del Servicio  Profesional Docente y a la del INEE, constituyen sólo la base jurídica que le dé cauce a lo que deberá ser una reforma educativa en el sentido preciso del término. Ese conjunto define y cimenta lo que  es, a partir de ahora, la rectoría del Estado sustentada en los nuevos contenidos en materia de facultades (exclusivas, compartidas, concurrentes) así como el papel (atribuciones, derechos, obligaciones y responsabilidades) de sus principales actores.
La Constitución de 1917  depositó el control y el financiamiento de la educación básica en los ayuntamientos. Loable idea pero carente de aplicabilidad antes y ahora. Fue necesario que el régimen Obregonista impulsara  la modificación a la Carta Magna para que  ese nivel educativo se sustentase en un financiamiento proveniente del gobierno federal y el de los Estados. Al proceso se le llamó “federalización”. El decreto de creación de la SEP, promulgado el 29 de septiembre de 1921, fue la parte culminante de aquella reforma constitucional.
Las leyes secundarias (como la Orgánica de Educación Pública, de 1942, o la Federal de Educación, de 1973) consideraron ese mismo régimen de financiamiento concurrente entre ambos órdenes de gobierno, pero en la práctica descansando en el gobierno federal. Las cifras y proporciones a este respecto son contundentes: hasta 1993 el gasto educativo se integraba en un 83 por ciento por el gobierno federal, 10 por ciento por el de los estados y siete por ciento por la participación privada.
En 1992, durante el gobierno de Salinas de Gortari, se suscribió el Acuerdo Nacional para Modernización de la Educación Básica, entre el gobierno federal, el de los estados y el SNTE, mismo que constituyó la base para una nueva reforma constitucional y otra ley secundaria que se expidió en 1993: la Ley General de Educación (LGE). Independientemente de las materias que ahí se regulaban, la del financiamiento da un vuelco respecto a lo acordado 72 años atrás. Aunque el gobierno federal y cada entidad federativa “concurran al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos” (artículo 25 de la LGE), el primero transfiere en calidad de aportaciones a los segundos una buena porción de los recursos que antes formaban parte integral del gasto educativo (aquél 83 por ciento). A todo ese proceso nuevamente se le llamó “federalización”.
Ahora, como ya se dijo, la Reforma Hacendaria y el Paquete Económico para el Presupuesto del 2014 (principalmente los Criterios Generales de Política Económica/CGPE, y el Presupuesto de Egresos de la Federación) vuelven a la senda de 1921. Se centraliza el gasto educativo en la federación, eliminando las aportaciones (Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal/FAEB) destinadas a los estados en dicho nivel del Sistema Educativo Nacional.
Tal como se lee en ambos documentos, el objetivo es procurar una mejora en “la distribución, el destino y el ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportación Federales, así como una mayor transparencia en su distribución”. Para ello, se plantea desaparecer el actual FAEB, reemplazándolo por el Fondo de Nómina Educativa (FONE), “el cual propone un control administrativo y operativo de la nómina educativa que a la fecha se paga con recursos del FAEB . . .” En buen romance, las entidades federativas no dispondrán ya de los recursos que antes les transfería la federación y la nómina será levantada, administrada y supervisada por el Ejecutivo Federal.
Muchas consecuencias se desprenden de esto. Entre otras la buena: se acaba la doble negociación; pero también la mala: las presiones se concentrarán en la Ciudad de México, la SEP y la SHCP. Todo esto está dentro de un apartado, en los CGPE, cuyo título es “promover el federalismo”. ¿A la tercera será la vencida? Ya volveré al tema.

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Miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana.

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Regla de tres 528

Comienzan los 40. En la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), comenzaron los festejos para conmemorar los 40 años de vida de esta casa de estudios. En el auditorio Pedro Ramírez Vázquez, de la rectoría general, se dieron cita académicos, exrectores, alumnos, científicos y miembros de una comunidad académica que ha puesto mucho de su esfuerzo y labor para que la UAM se consolide e integre al panorama de la educación superior como un referente en la ciencia, la sociedad, la cultura, la educación y la investigación.

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Los jóvenes hombres ninis

Recientemente, en el número 525 de Campus, escribí un texto refiriendo las principales características de las jóvenes mexicanas que no estudian ni trabajan. En esta ocasión, dedico mi escrito a sus contrapartes de sexo masculino. Dentro del conjunto total, ellos son menos, pero sus indicadores hablan de que en México los jóvenes enfrentan serios problemas de integración social.

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El Consejo General de Investigación Científica y el presupuesto consolidado

El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI) ya cumplió una década desde que se instauró como tal, pero no funciona como debiera y difícilmente alcanzará un nivel óptimo de ejecución. Es más una falla de diseño institucional y un reflejo de los estilos y actores de la política mexicana.
La reforma del año 2002 a la normatividad científica y tecnológica fue un vuelco paradójico e importante en el diseño institucional del sector. Los cambios fueron un movimiento doble: buscar la descentralización y, al mismo tiempo, centralizar la toma de decisiones y controlar la palanca de los recursos financieros.

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¿Y si la lectura no fuera un derecho?

En su Manifiesto por un Brasil literario (2009), el escritor y pensador Bartolomeu Campos de Queirós (1944-2012) señaló: “La lectura literaria es un derecho de todos que aún no está escrito”. Por ello, en ese documento planteó que, si en el mundo actual, “la alfabetización se considera como un bien y como un derecho”, de manera consecuente, lógica y congruente, habría que “reconocer como un principio el derecho de todos a participar de la producción literaria”.

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En los pasillos 527: Preocupación en la ANUIES por el presupuesto 2014

Las universidades públicas autónomas recibirán un aumento de 9.5 por ciento de subsidio, equivalente a 47 mil 100 millones de pesos.  
El doctor Enrique Fernández Fassnacht, secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, expresó, sin embargo, su preocupación por la propuesta presupuestal 2014 para las universidades e instituciones afines, en consideración a la reducción a rubros “complicados”, como el de los Fondos Extraordinarios, entre ellos Programa de Mejoramiento del Profesorado, Promep, y el de cobertura, esté último, considerado estratégico por el propio gobierno federal.
El proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2014 que ya está en manos de los legisladores, es explícito en los programas cuya eliminación se propone. “De este grupo destacan por su importancia presupuestal el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (un mil 551.8 mdp) y el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (un mil 250 mdp)”. Asimismo, ni las universidades interculturales ni la Universidad Autónoma de la ciudad de México reciben ningún incremento.  

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La importancia de llamarse Walter White

Kevin Spacey dijo recientemente durante el Festival Internacional de Televisión de Toronto que el cine sueña con provocar el mismo efecto que los programas de televisión causan actualmente en sus espectadores regulares. Pareciera que Spacey lo dice ahora como estandarte de los nuevos medios y su galardonado proyecto House of Cards que fue creado exclusivamente para la plataforma en línea Netflix. Pero analizar los recientes fenómenos que han provocado programas como Game of Thrones, Mad Men y The Killing, nos muestran el enorme poder del culto que provoca la pantalla chica.

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