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Opinión

Mano dura en EU contra las protestas estudiantiles

¿Cuál derecho ha de ser preeminente: el de la libertad de expresión o el de la protesta? Y ¿tiene límites la libertad de expresión? Éstas son las grandes preguntas circulando por los campus universitarios de Estados Unidos. En el último año, se ha registrado una explosión en las protestas estudiantiles en contra de ponentes polémicos—sobre todo los de extrema derecha. En algunos casos, los estudiantes han recurrido a la violencia para impedir que los ponentes propaguen sus mensajes de odio y racismo. Mientras tanto, las administraciones universitarias han vacilado entre una postura de anuencia y mano dura en su trato con los manifestantes.

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En recuerdo de René Avilés Fabila

A nuestras queridas Rosario e Iris
La creación artística se ha debatido desde siempre, y conforme nuestra condición humana, entre dos fuerzas antagónicas y a la vez complementarias: Eros y Thanatos. Constantes también de toda nuestra tradición literaria de Occidente, amor y muerte constituyen los temas perpetuos del que ha sido el más fiel de los espejos de la existencia del Hombre. Como escribiera el alemán Walter Muschg en su trascendental Historia trágica de la Literatura, “...amor y muerte forman el vórtice sobre el cual se apuntala toda nuestra herencia literaria, legado que ha tenido en estas dos fuerzas la base y el por qué de su existencia”.

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Los universitarios y El libro vaquero

Con motivo de la nueva edición, definitiva, de mi libro ¿Qué leen los que no leen? (Editorial Océano, 2017), me han hecho varias entrevistas, y una de ellas, muy incisiva, fue la del programa “Primer Movimiento” de Radio UNAM. Explico esto porque, ahora en Campus, retomo uno de los temas abordados en esa conversación. Cuando me referí a Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, gobernador de Nuevo León (quien ahora quiere ser Presidente de México), mencioné el hecho vergonzoso de que, en su caso, haya pasado por la universidad, por la educación superior (es agrónomo por la UANL), y que, pese a ello, su lectura favorita, pregonada por él mismo, sea el cómic El Libro Vaquero. Se enorgulleció de ello cuando era candidato y luego lo reiteró en la 29 Feria Internacional del Libro de Monterrey ya como gobernador.

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México 2018: Transformar la educación superior

Es posible que el país arribe a una encrucijada por la contienda política y sus resultados en el 2018. Como la alarma sísmica, da miedo. Son tiempos para debatir ideas.  Y, a los académicos, nos interesa, en particular, lo que vaya a pasar en materia de política educativa.
En el medio académico coincidimos en que es necesario realizar cambios mayores al sistema de educación superior. Para plantear el problema, y tratar de resolverlo, se debe tener en cuenta que la historia del sistema de educación superior ha corrido de forma paralela con las políticas públicas que se han aplicado en el país (Mendoza, Grediaga, López et al). En las últimas tres décadas del siglo pasado, las políticas estuvieron dirigidas por la planeación, después por la evaluación y la planeación estratégica.

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Democracia y educación cívica

En un libro reciente, Cartas a una joven desencantada con la democracia, intenté resumir en un capítulo esos valores y esos principios que son los que explican la superioridad moral y política de la democracia en relación a cualquier otro régimen de gobierno. Lo transcribo y edito porque (creo) ayuda a entender lo que debería ser la educación cívica.
Hay una serie de valores y principios de la democracia que se conjugan con procedimientos que al pensarlos aclaran el porqué de su superioridad en relación a otras formas de gobierno. Es posible que lo que a continuación escriba resulte elemental, incluso obvio. Pero en ocasiones lo elemental es lo fundamental…

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La educación media superior a prueba

Con el fin de asegurar el máximo logro educativo de todos los estudiantes, el artículo 3º de la Constitución establece que el Estado debe garantizar la calidad y la equidad de la educación obligatoria. Para monitorear y documentar que este derecho se cumpla a cabalidad, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tiene la atribución de evaluar los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional (SEN).  En el cumplimiento de esta responsabilidad, el INEE diseña, desarrolla y aplica periódicamente el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) a estudiantes que terminan los distintos niveles de la educación obligatoria:

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Ciencia y tecnología: Naufragio de una promesa

En términos prácticos, el tiempo de los planes y los propósitos de esta administración ya fue. Este último año será para librar de la mejor forma el huracán electoral, categoría cinco, que ya está aquí y, tal vez, hacer algún acto de prestidigitación con los números de un presupuesto sumamente austero que deberá quedar aprobado la semana próxima.
Este gabinete será juzgado por las cuentas que entregue al terminar su ejercicio, pero sobre todo por lo que hizo o dejó de hacer en los primeros años, cuando tenía los instrumentos a su disposición y las capacidades plenas. En el caso del sector científico y tecnológico, no tiene caso machacar que se incumplirá la meta de alcanzar el 1 por ciento respecto al PIB, a pesar de que está firmada por el presidente Enrique Peña Nieto y figuró como la prioridad indeleble de esta administración.
A estas alturas, ya nadie duda que el presupuesto para ciencia y tecnología seguirá como aspiración de una ley que no se cumple y un inventario de buenos deseos que se repite desde hace más de treinta años. Aunque no todo se circunscribe al asunto de los dineros. El ejecutivo federal y las autoridades del sector, en su momento, desbordaron optimismo, formularon un programa y pusieron en marcha diferentes acciones, así que ese es otro ángulo del desempeño. Desafortunadamente tampoco es mejor.

Las expectativas iniciales
En los primeros días de enero de 2013, cuando apenas comenzaba el periodo de esta administración y estaba completándose el gabinete, en la ceremonia de toma de posesión del director de Conacyt, Enrique Cabrero, el presidente Peña Nieto, exultante explicaba porque decidió no crear una Secretaria de Ciencia y Tecnología: “Y, entonces, yo respondí, y aquí he sido congruente con lo que entonces comprometí. Dije: No se trata de generar mayor burocracia. Si de lo que se trata es darle un mayor espacio de relevancia e importancia para el Gobierno, el tener esta área dentro del gabinete, no es necesario que generemos mayor burocracia, hagamos mayor inversión”.
En la misma ceremonia, también estaba presente, Francisco Bolívar Zapata, como primer titular de la entonces recientemente creada Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de la Oficina de la Presidencia, una instancia que presumiblemente daría cuenta del interés del ejecutivo federal y evitaría la expansión burocrática. Tampoco tiene sentido volver a reiterar que, después de cinco años, no logró ni lo uno ni lo otro.
El asunto es que desde el arranque mismo del periodo, en enero del 2013, en la toma de posesión del titular, antes de la elaboración del programa sectorial, sobre la base de un aumento en el presupuesto del orden del 18 por ciento respecto del año anterior, el presidente Peña Nieto le dio cinco instrucciones al nuevo director.
Por ejemplo, le dijo que en conjunto con Hacienda diseñara una hoja de ruta para que en el sexenio o en los siguientes 10 años, se pudiera “triplicar la inversión que hoy se hace en ciencia y tecnología”. Y aventuró los plazos: “llegar al 1 por ciento al término de esta administración y triplicarlo sería llegar al 1.2 por ciento, y creo que esto sería posible lograrlo en los próximos ocho o 10 años” (Versión estenográfica 03.01.2013). No fue en cinco años, tampoco en menos; no lo será en seis y tal vez ni en10.
La segunda instrucción fue diseñar políticas públicas diferenciadas para permitir el desarrollo científico y tecnológico local, considerando las capacidades y vocaciones de las entidades. La tercera fue que fortaleciera el SNI, esto es, que lo expandiera y apoyara a los grupos de investigación existentes. La cuarta instrucción fue crear, en conjunto con SEP y Economía, un verdadero Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por último, EPN instruyó al director de Conacyt para que fortaleciera los mecanismos de vinculación entre el sector productivo y la academia.
Las instrucciones estaban claras, el principal punto de referencia era el nivel de inversión, pero, en conjunto, se suponía que integraban las coordenadas en las que se movilizaría esta administración. El horizonte era alentador. Además, el discurso del doctor Cabrero, en su toma de posesión, generó todavía más expectativas porque parecía tener un diagnóstico correcto y claridad en lo que se debía hacer.
Cabrero reconocía que los recursos financieros eran parte del problema pero lo más importante, sostenía, era que no se habían integrado los elementos del sistema en una normatividad adecuada y una política pública clara y eficaz. Puntualmente señaló: “No hemos logrado esta integración a causa de un entramado institucional rígido y burocratizado, que no ha permitido un adecuado sistema de incentivos en el sector”. Después de todo, lo decía un especialista en política pública y diseño institucional.

Un forzoso aterrizaje
Lo esperado era un vuelco en las normas, en el funcionamiento del sistema, en la estructura de incentivos, en la expansión de capacidades, en la consolidación del sistema, en la articulación de los elementos o la política en red. Eso era lo anunciado. Incluso, antes de que estuviera listo el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) del periodo, el director de Conacyt, para avanzar en las instrucciones recibidas de EPN, anunció las principales iniciativas que pondría en marcha.
En noviembre de 2013, durante su participación en la LXIV asamblea general de la ANUIES, el director Cabrero anunció que se fomentaría la investigación para atender los “grandes problemas nacionales”. También dijo que habría mayor inversión para el programa de estímulos a la innovación, una política diferenciada para las entidades e impulso a jóvenes investigadores (Comunicado 86/13).
Y sí, en el esbozo de medidas, tal vez la iniciativa que más sorprendió fue la novedad del programa “Cátedras para jóvenes investigadores”. Un programa que en el 2014 tomó forma y precisión: instituciones y jóvenes doctores concursaron por medio millar de nombramientos académicos de confianza, denominados cátedras Conacyt. Una nueva forma de acceso a la carrera académica para recién graduados, bajo un mecanismo de selección que diferenció temas, proyectos, retos y sectores institucionales. Los doctores fueron comisionados a instituciones públicas de investigación, pero Conacyt conservó el papel de patrón y los establecimientos de adscripción no guardan ninguna relación de tipo laboral con los noveles académicos.
Luego vino la publicación del programa sectorial, la puesta en marcha de otras iniciativas y tres años más de incremento presupuestal. Un aumento que permitió la puesta en marcha de las cátedras y un respaldo al trabajo de redes temáticas. Al final del 2013, CONACYT reportaba la existencia de 20 redes de investigación (9 de temas sociales y 11 de desarrollo tecnológico, vinculadas con el sector empresarial), en el que decía que trabajaron de forma asociada 3 mil 864 investigadores.
En los años siguientes el volumen de redes siguió creciendo hasta llegar a un total de 81 en este 2017 y ahí alcanzó su punto de inflexión. Conacyt, desde el año pasado, ya no reportó el número de investigadores participantes y en la convocatoria más reciente anotó que “dio preferencia a la continuidad de redes temáticas, más que a la formación de nuevas redes” (Quinto informe de gobierno, 2017: 416).
Otro tanto ocurrió con el Programa de Estímulos a la Investigación (Pei). Una iniciativa que desde el sexenio anterior sustituyó a los cuestionados incentivos fiscales. El programa vigente tiene como principal finalidad, apoyar los procesos de innovación en las empresas y alentar su relación con los Centros Públicos de Investigación y las instituciones de educación superior. El programa depende de los recursos anuales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo, desde el año pasado, EPN volvió a instruir al director de Conacyt para retornar a los incentivos fiscales. Y sí, en este año, ya están en operación. Según reportó Conacyt, recibió 162 solicitudes de más de un centenar de contribuyentes del ISR y la suma es muy significativa: 4 mil 734 millones de pesos. Lo sorprendente es que la norma estableció que el monto de incentivos fiscales a distribuir no podría ser mayor a un mil 500 millones de pesos ni sobrepasar los 50 millones por contribuyente.
Una iniciativa más que también está en la idea de vincular a instituciones académicas y empresas, es la convocatoria de Proyectos de Desarrollo Científico para Atención de Problemas Nacionales, centrada en siete temas de indagación. Lo mismo que la reorganización de los Centros Públicos de Investigación para trabajar como consorcios que atiendan temas regionales y el respaldo para los laboratorios nacionales.
En fin, los programas anteriores constituyen la parte medular del periodo, pero ¿cumplen las expectativas, atienden las instrucciones de EPN y representan un cambio notable en la conducción e integración del sistema científico y tecnológico? No, desafortunadamente no es así. Ni por el lado de una inversión sostenida, tampoco por la expansión y menos por el de diseño institucional.
La inversión creció significativamente en los primeros tres años, nada más. La expansión de capacidades no creció como parecía que ocurriría: el número de miembros del SNI siguió la misma tendencia inercial que venía presentando; el volumen de becas más que se duplicó en el periodo anterior, en éste perdió ritmo y solamente aumentó un 30 por ciento; y el programa de Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores disminuyó al segundo año.
Las iniciativas para alentar el desarrollo local, atender los problemas nacionales o para propiciar el vínculo entre el sector productivo y la academia, están muy localizados, todavía no son evidentes sus bondades y no hay ninguna garantía de que pudieran sostenerse más allá de este periodo. De hecho, no hay un cambio normativo en la estructura de incentivos que permita suponer lo contrario.
Además las iniciativas para fortalecer el vínculo entre academia y sector productivo han resultado muy frágiles, también aquellas que buscan alentar la participación del sector privado en la inversión del sector científico y tecnológico, las mismas autoridades gubernamentales han señalado el desinterés de los empresarios como causal del bajo nivel de inversión.
Tal vez desde la modificación del marco normativo de 1999 y el posterior ajuste del 2002, no se ha producido un cambio notable en la conducción y reorganización del sistema. Ni mencionar la eficacia y eficiencia en la operación del sistema y toda su cauda de trámites cotidianos y funcionamiento de programas. Así que hoy estamos, una vez más, ante el naufragio de otra promesa. 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

 

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Un dilema universitario: Más autonomía o más gobernanza

El Estado contemporáneo enfrenta un dilema básico: instrumentar soluciones que respondan a las demandas sociales de acceso y participación en la distribución de recursos, y al mismo tiempo cumplir con metas de crecimiento económico y satisfacción de compromisos de eficacia y transparencia en la gestión. Buena parte de la discusión académica en torno a las condiciones de gobernabilidad aborda tal dilema, el cual se expresa, entre otros aspectos, en un continuo debate acerca de las condiciones y prácticas democráticas. Los límites de la gobernabilidad instituida se concentran en las relaciones entre la autoridad y la ciudadanía en los procesos generales y particulares de toma de decisiones. El modelo democrático republicano convencional ofrece como respuesta la representación ciudadana a través de partidos y la división de poderes. Tal esquema tiende al agotamiento a medida en que la representación social se integra a las esferas del Estado y el gobierno, y a medida en que los partidos y los legisladores pierden contacto con la base ciudadana fuera de coyunturas electorales. Por ello, se han abierto paso formulaciones alternativas centradas, en su conjunto, en la noción de gobernanza.

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Tres años al frente del Instituto Politécnico Nacional

El pasado 31 de octubre presenté, ante el pleno del XXXVI Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, el Informe de Gestión 2014-2017. Esta es una síntesis de lo realizado en este periodo, que se refiere sólo a lo que considero más relevante.
Sin duda el reto y la labor de mayor importancia al hacerme cargo de la Dirección General del IPN fue garantizar la gobernanza y mantener trabajando a la institución. Por ello, la observancia de los acuerdos de 2014 entre el Gobierno Federal, la Dirección General y la Asamblea General Politécnica (AGP) fue prioritaria.

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Campus: 15 años para la educación

Por una sencilla pero fundamental razón  quisimos hacer un número especial en los 15 años de Campus: la posibilidad delrecuento, la oportunidad de mirar desde el presente un pasado que ya hizo historia y en el cual se puede afirmar que la educación ocupó uno de los lugares estelares.
No ha habido en los últimos años, nada más importante ni nada más intrincado en el país que la educación. No importa aquí si los gobiernos hayan correspondido con sus actos a esa importancia y a esa complejidad, pero la sociedad vivió con impaciencia e inquietud las secuelas de una educación en crisis de crecimiento que, con todo y sus defectos, se fue expandiendo y asentando, lenta, azarosa pero firmemente en el cuerpo político y social y en la vida de las familias mexicanas, como el musgo en la piedra de los ríos.

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