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1. La Estafa Maestra ha dañado enormemente la imagen de las universidades públicas en general. Todavía en la primera mitad del año pasado (encuesta Mitofsky) constituían, como conjunto, la institución más valorada por la ciudadanía, por delante del ejército y la iglesia. Sin embargo, y paradójicamente, conforme avanza la investigación y vinculación a proceso de algunos (pocos) personajes menores, aquella imagen pública se ha venido difuminando. A esa situación, ha venido a sumarse recientemente la noticia dada a conocer por la Unidad de Investigación Financiera del SAT (UIF), relativa a la congelación de cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por un monto de $156 millones de  dólares provenientes de Suiza. Los dos acontecimientos son muy diferentes, empero, ambos producen el mismo efecto nocivo.

Estados Unidos está en una crisis como pocas antes vistas. En 2017, 47 mil personas fallecieron como víctimas de la crisis de opiáceos, que tiene además un costo económico estimado de alrededor de 75 mil millones de dólares. Y es que se trata de una situación literalmente fabricada.
La familia Sackler es señalada directamente como la causa de dicha crisis. Dueños de la farmacéutica Purdue, conocida por producir OxyContin, un poderoso opiáceo que llegó a ser percibido como una droga más amigable que otras similares, debido a una intensa (e ilegal) campaña de mercadotecnia, los Sackler se han vuelto multimillonarios a partir de las adicciones de otros y no han enfrentado consecuencia alguna por ello.

Los actuales movimientos en el sector científico y tecnológico son relativamente inusuales. No es la primera vez que se registra un desencuentro entre las autoridades del sector y algunas personalidades y organizaciones de representación de la comunidad científica. De hecho, buena parte de las políticas del sistema expresan las huellas de los intercambios, algunos más ríspidos y públicos que otros, pero pocas veces tersos.
Sin embargo, la controvertida iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, presentada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera de la fracción parlamentaria de Morena, refleja no solamente una cierta disputa entre María Elena Álvarez Buylla —la titular del Conacyt— y organizaciones del sector, ahora también podría trasladarse al Congreso y probablemente entre éste y la dirección del organismo rector de las políticas científicas.

Adiós a la reforma. Si no ocurre algo extraordinario, es un hecho que a estas alturas, en el terreno legislativo, se haya dado un paso más hacia los cambios constitucionales que garanticen la eliminación de todos los conceptos implementados por la Reforma Educativa de 2013. Las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales saben que el siguiente peldaño para concretar los cambios es la discusión en el pleno. Y si todo le sale bien al partido en el poder, la votación se dará la semana que viene. En el paquete de modificaciones a la Constitución y a las leyes secundarias va la desaparición, como se había previsto, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y la obligatoriedad de la enseñanza superior, lo que tiene más que preocupados a los rectores y directores de las instituciones de educación superior del país.