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Los riesgos de la profesionalización de la economía Sus efectos positivos y no tanto

Ampliar la matrícula y la cobertura de educación en los niveles medio superior y superior, como se plantea el sistema educativo, implica que en el futuro una creciente proporción de la población mayor de 24 años se incorporará al mercado laboral contando con las credenciales y los conocimientos que corresponden a este nivel educativo.
Este paso es, sin duda, importante, pero resulta de mayor importancia su visualización por categorías. De ser así, México necesita no solo acrecentar su cobertura, sino modificar sustancialmente su estructura.
El esfuerzo realizado desde 1995 ha rendido frutos y resultados importantes. Algunos positivos y otros no tanto.

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Petróleo brasileño al rescate del sector educativo

¿Se imagina que además de impulsar reformas laborales en el sistema educativo, el gobierno mexicano aumentara en casi 100 por ciento el gasto al sector? Habría dinero para cursos de capacitación, para más y mejores becas estudiantiles, y para crear y acondicionar miles de escuelas en todo el país.  Es decir, se podría atacar de forma contundente el problema de la mala —y considerablemente desigual— calidad de la educación en México.
¿Suena imposible? Pues, lo acaba de hacer el gobierno de Brasil, al fijar un plan para subir el gasto educativo de 6 por ciento al 10 por ciento del PIB para el año 2022. El 9 de agosto, la presidenta Dilma Rousseff firmó la Ley 12858, que destina 75 por ciento de las regalías por concepto de la explotación petrolera para la educación, y otro 25 por ciento al sector salud. También, se destinará al sector educativo el 50 por ciento del Fondo Social de Pre-Sal. El fondo fue creado en 2010 por el ex presidente Lula con recursos derivados de la explotación de una nueva área de yacimientos petroleros marítimos, cuyas reservas estimadas en 50 mil millones de barriles cuadruplican las reservas petroleras del país.

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De decisiones apresuradas

Puede ser debido a la crisis, quizá el momento, tal vez el contexto es el que influye, pero lo cierto es que sin importar la variabilidad de la razón, el resultado es similar: estamos tomando diversas decisiones apresuradas en nuestras vidas.
Y se empieza a notar con resultados comprometedores, con ajustes sobre la marcha por la mala planeación, porque al construir las bases se hizo olvidando el espacio para la reflexión, el análisis necesario.

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Disyuntivas y perspectivas de la educación terciaria en el mundo

Ya son siete meses desde que me uní al equipo de trabajo del Banco Mundial como Coordinador de Educación Terciaria. Durante este corto periodo de tiempo he tenido la oportunidad de reunirme con una amplia variedad de personas, leer diversos reportes y participar en reuniones técnicas de revisión de proyectos y misiones con funcionarios gubernamentales y líderes institucionales de diversos rincones del planeta. Ha sido una positiva experiencia de rápido aprendizaje sobre la manera cómo opera una organización tan compleja como lo es el Banco Mundial y cuya contribución al desarrollo es tan significativa y a la vez cuestionada.

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Las muchas indignaciones

Las redes sociales tuvieron otro momento álgido en días recientes cuando circuló (y llegó a medios tradicionales) un video donde se ve claramente que dos inspectores del municipio de Centro, cuya cabecera es Villahermosa, en el sureño estado de Tabasco, hacen que un niño que labora como vendedor ambulante, tire su mercancía al suelo entre sollozos.
Los comentarios sobre el inspector Juan Diego López Jiménez a estas alturas son por demás conocidos. Pero pareciera que la indignación de las masas está mal dirigida, pues fue mayor la molestia por el racismo y aires de superioridad del empleado de gobierno municipal, con todo lo que conlleva ese hecho, que la indignación porque un niño de 8 años tenga que trabajar.
A ciencia cierta las lágrimas que presenciamos a través de la pantalla, nos dicen que el niño fue lastimado, pero no debemos descartar que su llanto también se pudo deber al miedo que le representaba al pobre infante regresar con quien maneja el negocio y decirle que su mercancía le fue robada (como con los cigarros claramente robados), y entonces el regaño o incluso maltrato físico del verdadero dueño de la canasta era una de las fuentes de origen de esas lágrimas.
Nos indigna de hecho que un inspector, como cualquier servidor público de todo nivel, robe o despoje de un producto que vende el niño, pero pareciera que no nos indigna como sociedad en esa misma medida que el infante y otros de su tipo tengan la necesidad de salir al peligro de las calles para buscar un sustento.
La historias tienden a aderezarse conforme se van contando, por eso en días posteriores ya se conocía el nombre y origen del infante: Feliciano Díaz (aunque antes se dijo que su nombre era Manuel) de Chiapas, incluso su pertenencia al grupo étnico de los tzotziles, pero más allá, para calmar a la hambrienta causa de la justicia social que gritaba en redes sociales y ya también en medios tradicionales, se nos dijo que el niño trabajaba para pagar sus útiles escolares. Un guión de telenovela pues.
Más allá de si es verdad o no esa afirmación es precisa y necesaria la pausa para saber cómo es que llegamos a este momento (este sí indignante) donde una familia tenga la necesidad de que un niño de 8 años salga a trabajar. Y cómo unas autoridades de gobierno le pongan trabas a un niño que desconoce sus derechos, y cómo una sociedad se indigna no porque esto pase, sino porque un empleado de gobierno con criterio del tamaño de un chorlito, simplemente provoque las lágrimas que a todo México le hicieron indignarse, pero no reflexionar, he ahí la diferencia.
El guión sigue, aparece el gobernador de Tabasco y señala que además de ayuda psicológica el ahora ya famoso niño Manuel (o Feliciano) recibirá una beca escolar (no se sabe cómo se le hará llegar si es que vive en otra entidad federativa). Buenos reflejos, pero por qué no aprovechando la circunstancia el mismo mandatario ordena levantar un censo, sin importar las siglas o colores del gobierno estatal, de los niños que trabajan en la capital de su estado y les ofrece una beca a todos y cada uno de ellos, ¿o necesitamos la existencia de otros videos para responder a la circunstancia?
A esto debemos sumar el comportamiento de la otra inspectora que ya tuvo su castigo administrativo, una persona de nombre Carmen Torres Díaz cuyo silencio cómplice también daña, y también se puede tomar como un reflejo de muchos que ven atropellos y prefieren hacerse a un lado, evitar participar, el cómodo “yo no vi nada”, que también fragmenta a la sociedad mexicana.
Mucha indignación pero poca reflexión tuvimos con esta experiencia. Ojalá en algo haya cambiado la forma de pensar de algunos, allí empiezan los grandes movimientos, en la manera de pensar y de actuar.

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Bioética y clonación

Bioética: nombre usado por primera vez en un ambiente anglosajón por Van Rensselaer Potter: ciencia de la sobrevivencia, y Puente para el futuro. 1971. “He creado una nueva palabra y una empresa intelectual también nueva, la bioética. En un libro que lleva ese título la he definido como la puesta en común del saber biológico y los valores humanos”. Al publicar su libro, Bioética.: un puente al futuro, el autor no sospechaba —indica Poisson—que la palabra “bioética” haría fortuna. Trasladado rápidamente al lenguaje ordinario, este término remite a la necesidad para el hombre de asegurar la marcha del progreso científico y técnico frenando sus excesos por respeto a la humanidad. La bioética investida de esta misión, ha emprendido la tarea de convencernos de que solo ella puede razonablemente tratar del porvenir del hombre.

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Gobiernos de coalición y plan nacional de desarrollo

La formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que equivale a lo que en otros sistemas se denomina programa de gobierno, tiene una relación directa con el régimen de gobierno. Cuando fue reformado el artículo 26 constitucional, en 1982, elaborar el plan de gobierno escuchando a la población representaba un discreto avance en un sistema político con la supremacía de un partido.


Paradójicamente, en esas circunstancias habría sido más regresivo darle participación al Congreso, en tanto que se trataba de una institución dominada por un partido y sólo se habría oído el reflejo de lo que el gobierno deseara. La ausencia de un Congreso más plural llevó a buscar la opinión directa de la ciudadanía. Hoy, en cambio, tenemos un Congreso integrado a partir de otro sistema electoral y de otra realidad política. En el actual contexto lo regresivo consiste en mantener a los representantes de la nación al margen del Plan y seguir utilizando el mismo mecanismo de una consulta desestructurada como la que se aplicaba en el periodo de la hegemonía.
En treinta años el país ha cambiado; la Constitución ha experimentado modificaciones muy profundas pero el sistema de planificación sigue siendo el mismo. Lo que esto denota es que el Plan forma parte esencial de un régimen de gobierno donde el poder está muy concentrado y se mantiene ajeno a los avances democráticos del sistema representativo. El contraste entre la norma y la normalidad en esta materia es uno de los muchos registros que indican la caduquez del sistema presidencial mexicano.
En un sistema democrático es imposible encontrar argumentos que impidan intervenir a la representación nacional en la definición del programa de gobierno. En 1982 la mayoría existente en el Congreso era la misma que en el gobierno. La realidad cambió pero la norma subsistió, y produce efectos inversos porque ahora la minoría impone su programa a la mayoría.
Un giro hacia un sistema asambleario tampoco sería sinónimo de democracia. Las instituciones constitucionales deben adoptar instrumentos de equilibrio que compatibilicen las razones del gobierno con las expectativas de la sociedad política. Las reservas que postulan el inmovilismo se basan en el falso argumento de que la democracia entorpece la gobernanza. Esto no es cierto. Cuando se presentan problemas que afectan la eficacia del gobierno no se deben a la democracia sino a un mal diseño de las instituciones democráticas, que son cosas distintas. Por otra parte, también hay que reconocer que gobernar en democracia requiere destrezas especiales porque es más sencillo ejercer el poder en forma vertical que de manera consensual.
Entre los derechos de los gobernados figura el del buen gobierno. Es posible compaginar los derechos de los gobernantes sin afectar las responsabilidades de los gobernantes. Ninguna comunidad se beneficia con avances democráticos aparentes. El objetivo democrático se consigue o se frustra según el diseño institucional adoptado.
En el caso que se examina, la democratización del plan nacional de desarrollo se alcanzará cuando su elaboración y aprobación resulten de la deliberación responsable y libre y de la decisión compartida de quienes hagan o puedan hacer mayoría. Cuando el acuerdo se vea dificultado por posiciones irreductibles de las partes, entre no tener programa o tenerlo sólo de la minoría, debe prevalecer el mal menor: que el programa de gobierno aplicable sea adoptado por el gobierno en solitario. En este caso los agentes políticos deberán explicitar sus razones ante la opinión pública y dejar que en el siguiente proceso electoral los ciudadanos expresen su veredicto a la luz de los argumentos esgrimidos y de los resultados alcanzandos.
Ningún sistema constitucional puede aportar soluciones equiparables en su precisión a las de una fórmula matemática. A la postre tiene que aceptarse que en materia política el haz de reglas abarca las buenas prácticas, las regularidades de la conducta y las normas mismas. Es imposible pretender que todos los procesos del poder sean regulados y, menos todavía, que esa regulación tenga un acento punitivo. Si no se confía en un mínimo de buena fe y de idoneidad ética de los protagonistas, ningún sistema tiene salida. Si se dijera que tales atributos no existen estaríamos implicando que las reglas mismas se verían viciadas desde su origen porque su creación habría correspondido a personas perversas y corruptas.
Seamos, pues, consecuentes con la realidad y aceptemos regular lo regulable en términos que aseguren el desempeño responsable de los gobernantes y la satisfacción del derecho al buen gobierno de los gobernados. El sentido de los controles políticos democráticos no consiste en inhibir la acción de los gobernantes sino en reducir sus márgenes de discrecionalidad y en contar con instrumentos de evaluación constante que permitan, en primer lugar, corregir, y sólo en segundo término, sancionar.
Cuando todas las fuerzas políticas han participado en el Pacto por México, no sería comprensible que alguien se negara a aceptar que el plan nacional de desarrollo sea asimismo objeto de un acuerdo. Lo que ahora se discute es la forma de institucionalizar lo que en su primera versión fue resultado de un impulso circunstancial. ¿Acaso se puede sostener que el Pacto por México es un episodio aislado e irrepetible? Y si se postula su utilidad ¿se puede controvertir su institucionalización?
El mejor reconocimiento del Pacto consistirá en verlo como un esfuerzo germinal del que se desprenda una serie de pasos que sólo son su consecuencia. En otras palabras, si ha sido posible llegar a acuerdos concernidos con cambios estructurales de largo plazo, sería ilógico que no se pudiera aplicar el mismo instrumento para acciones coyunturales de corto y de mediano plazo, que en eso consiste un programa de gobierno. Además, si los partidos políticos han pactado en sede confidencial, comprensible como procedimiento provisional en tanto que se exploraba una nueva forma de concertación, es indispensable que lo hagan en sede parlamentaria una vez que se haya demostrado la viabilidad del mecanismo.
La institucionalización del Pacto corresponde a lo que en el constitucionalismo contemporáneo se identifica como coalición con programa de gobierno. A veces las palabras asustan más que los hechos, pero lo que ya estamos presenciando en México es el proceso de implantación, mediante una vía elíptica del gobierno de coalición con su respectivo programa. Por otra parte, la Constitución ofrece la ventaja de un sistema electoral que combina en el Congreso distritos de mayoría y representación proporcional, lo que facilitará el establecimiento de coaliciones estables.
Todo contribuye al diseño constitucional para un gobierno de coalición posible con motivo de los comicios de 2018. Si hemos de continuar por la senda trazada es inevitable llegar a los gobiernos de coalición y a los programas pactados. Esto significará fortalecer al sistema presidencial que si en el pasado se apoyó en la mayoría que resultaba de un sistema de partido hegemónico, en el futuro se tendrá que basar en la mayoría a partir de un sistema democrático institucionalizado.
Un diseño institucional cuidadoso debe vincular el programa de gobierno con el programa legislativo, así como construir los instrumentos de garantía para las partes y para la nación. Lo habitual en este tipo de esquemas en los nuevos sistemas presidenciales es que haya un alto funcionario que encabece el gabinete y que lleve la voz del gobierno al Congreso, y de éste a aquél, para que como en toda democracia funcional los órganos de poder se comuniquen de una manera sistemática, periódica y pública.
La transparencia, tan apreciada, se limita hasta ahora a una sola de sus fases: la documental. Empero, a diario se producen comunicaciones y se toman decisiones que sólo sus interlocutores conocen. La información de acceso restringido sigue siendo la más cuantiosa porque los ciudadanos no sabemos que tanto se habla de nuestros intereses, de nuestros derechos, de nuestras expectativas, de nuestras necesidades.
La figura estándar que cubre esos menesteres en casi la totalidad de los sistemas presidenciales adoptados o renovados a partir de 1989, son los jefes de gabinete, con diversas denominaciones y con un elenco también muy abierto de las funciones asignadas por las constituciones. En tanto que jefes de Estado, los presidentes no son susceptibles de ser cuestionados en las asambleas deliberantes, ni siquiera en los sistemas parlamentarios. Sin embargo, es difícil hablar de democracia en un sistema donde los encargados del gobierno sólo responden ante su jefe y en privado, mientras que quienes representan a la nación se enteran de las decisiones gubernamentales a través de los medios. Un sistema donde los representantes no escuchan al gobierno ni son escuchados por él, tiene más del viejo absolutismo que del moderno constitucionalismo.
Los jefes de gabinete y los ministros que los acompañan pueden ser removidos en todo momento por el presidente, si a su parecer no cumplen de manera satisfactoria con sus tareas. Pero previo a la asunción de su cargo el Congreso debe apreciar la calidad de las designaciones presidenciales, y en caso positivo, confirmarlas. Este mecanismo fortalece al sistema representativo porque le da una participación (discreta) en el gobierno, y vigoriza a los secretarios de Estado, que cuentan así con un aval mayoritario del Congreso, lo que los pone en aptitud de ser auténticos ministros de Estado, es decir, protagonistas en el proceso político con capacidad real para refrendar o no los actos del presidente, y por ende para responder de sus decisiones y de sus acciones ante la sociedad, a través del Congreso. En estas circunstancias para un presidente es tan alto el costo político de mantener a un inepto en su gabinete, como el de despedir a un ministro por tener perfil propio.
Las sesiones de control no son un derecho de los congresos; son una función que cumplen en representación de sus mandantes, los ciudadanos. La práctica de ignorar a los representantes se vio derogada a partir del advenimiento del constitucionalismo, en el siglo XVIII. Primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos y en Francia, el siglo de las luces significó un cambio radical en la forma de ejercer el poder. Se pasó del secretismo de los despachos ministeriales a la deliberación con los representantes. Cuando en México adoptemos este modelo constitucional, lo estaremos haciendo con un retraso de tres siglos respecto de las grandes democracias. Aun en el supuesto de que esta opción se nos siguiera negando, se puede afirmar que sólo se trataría de un diferimiento, porque la trayectoria evolutiva de la democracia institucional se puede aplazar por un tiempo pero no se puede cancelar para siempre.
Las sesiones de control, por ende, son inevitables, así transcurran años antes de que al fin se acepten. La propuesta de que al inicio sean semestrales resulta aceptable como medida de transición. Es necesario desarrollar, junto a la norma, la buena práctica política que no confunde las sesiones de control con un enfrentamiento entre el congreso y el gobierno. A esas sesiones se concurre para atender planteamientos que se hacen llegar al gabinete con antelación, porque lo relevante para los intereses colectivos es que las sesiones de control sirvan para conocer las razones del poder y no para poner en entredicho las aptitudes tribunicias de los jefes de la burocracia.
En su fase crítica, las sesiones de control funcionan también para que los representantes de la nación formulen su rechazo a las políticas gubernamentales o a sus instrumentadores. Esto ocurre con las mociones que van de la simple reprobación hasta la censura, según el efecto que se pretenda obtener. Si es el caso de una rectificación, sólo se reprueba lo hecho; si se busca una sanción, puede llegarse a la censura, también con varios efectos. Los sistemas presidenciales admiten que la censura tenga por efecto la destitución del impugnado si la moción es aprobada por una mayoría calificada, o si se produce en dos ocasiones dentro del mismo año o incluso en el curso de una legislatura. Hay muchas otras modalidades, todas válidas, porque la censura es un instrumento que también puede tener un propósito constructivo, tal como llamar la atención de una manera enérgica y hacer sentir el peso político del Congreso, sin que necesariamente obligue al presidente a sustituir a uno o a varios de sus colaboradores.
Las características específicas de la censura en los sistemas presidenciales obedecen a que, como regla, no procede la disolución del Congreso. Es la misma razón que explica que las coaliciones puedan ser potestativas, en tanto que la coalición se construye en torno a un programa de gobierno compartido.  
Debe quedar claro que “potestativo” no implica que el presidente esté en libertad de someter o no su programa de gobierno al Congreso; la libertad de optar por la coalición o de no hacerlo corresponde a las fuerzas representadas en el Congreso, según opten por dar un voto mayoritario a ese programa, o dejen que su aprobación se produzca por la representación afín al presidente.
Los presidentes tendrán la oportunidad de negociar los términos de ese programa antes de su presentación o en el proceso de su discusión congresual, según adviertan las mejores posibilidades de un acuerdo, pero en ningún caso podrán dejar de someterlo a la discusión y aceptación por parte de los representantes de la nación. El gobierno sin mayoría propia está a expensas de una mayoría a menudo adversa y a la que no puede sustituir mediante una elección anticipada. Aquí es donde se advierten las ventajas de ambas partes para negociar.
Durante el periodo de la hegemonía había certidumbre de resultados e incertidumbre de procedimientos. El cambio político debe significar la inversión de esas premisas: Un sistema democrático está construido sobre dos grandes variables: la incertidumbre de resultados pero la certidumbre de procedimientos. Hasta ahora nos hemos quedado en la primera fase, la de incertidumbre, que si bien es justificable por cuanto hace a la variabilidad de las decisiones de los gobernados, es injustificable en lo que concierne a la predictibilidad de las acciones de los gobernantes.
Los sistemas democráticos implican libertades públicas y responsabilidades políticas. Contamos con las primeras pero seguimos careciendo de las segundas. En un sistema democrático la relación entre gobernados y gobernantes es la de titulares de derechos y la de titulares de obligaciones, respectivamente.
La debilidad institucional en México se advierte en el Congreso y en el gobierno.
El Congreso refleja el pluralismo político nacional, pero como instancia representativa de la nación no interviene en la definición de las políticas del Estado (plan nacional de desarrollo), ni en la integración y evaluación del gobierno.
El gobierno está concentrado en una sola persona (artículo 80 constitucional); es ajeno a la realidad plural del país; ejerce el poder en minoría, sin estímulos para el consenso estable y de largo plazo, y la indemnidad política presidencial beneficia sin razón a sus colaboradores.
Para construir un Congreso y una presidencia fuertes se requiere:
—Que el Congreso intervenga en la definición de las políticas del Estado; que participe en la evaluación de los requisitos (ratificación) y del desempeño (control: pregunta, interpelación, confianza y censura) de quienes ejercen el poder (responsabilidad política). En esta medida será corresponsable de las decisiones y de las acciones del gobierno.
—Que el gobierno cuente con una mayoría en el Congreso, decidida por los electores o como producto de una coalición. Empero, conviene dejar la opción de que se gobierne en minoría, si el acuerdo para constituir la mayoría se hace imposible de conseguir. Esta opción tiene costos para ambas partes, como se ha visto.
Los acuerdos de coalición deben ser expresos, públicos y a término fijo; deben incluir un programa político y un programa legislativo que lo haga viable.
Las reformas deben tener en cuenta la elasticidad de las instituciones y valorar asimismo las resistencias al cambio. Una propuesta maximalista corre el riesgo de cancelar las posibilidades de emprender cambios progresivos y acumulativos. En este mismo sentido debe considerarse que conviene considerar una vacatio legis que permita asimilar los cambios, hacer los ajustes institucionales requeridos y preparar las nuevas modalidades del ejercicio del poder con el mayor cuidado posible.
En la selección de los objetivos y en la forma de alcanzarlos hay que tener presente la sabia observación de Benjamin Constant: “procura que el objetivo que quieres sea el mismo buscas” (Diario, mayo 2 de 1804, en Obras).


Diego Valadés

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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La academia estadunidense al rescate de las humanidades

Los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla”. La frase, acuñada por el  filósofo hispanoamericano George Santayana hace más de un siglo, podría ser el lema de una nueva campaña por parte de la academia estadounidense en defensa de las humanidades y las ciencias sociales.  La campaña busca contrarrestar la fijación con los campos científicos y matemáticos por parte de los hacedores de política pública, a expensas de los campos humanísticos.  

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Los geoparques; nuevas estrategias para la conservación y promoción del patrimonio natural

En diversos  países del mundo se ha señalado que las políticas de protección del patrimonio natural se han enfocado de manera preferente a la valoración y protección de la flora y la fauna. Así, los aspectos relativos a la protección, valoración y promoción de los componentes abióticos de los ecosistemas (rasgos geológicos y formas del relieve) han sido abordados, en el mejor de los casos, de manera marginal.

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El regreso de la Política Industrial

I.

Bajo el paradigma de una política industraial y la filosofía que la sapiencia de mercado
ordenaría de manera exitosa a los diferentes sectores que integran la economía nacional, el tema industrial en México fue olvidado por la gestión pública, dejándolo a su suerte por casi tres décadas; propiciando la erosión de uno de los sectores industriales más exitosos de América Latina, junto con el brasileño. Como primer y contundente resultado de lo anterior, la industria nacional que existía en México a principios de los noventa desapareció del horizonte económico del país en un rango aproximado del 80 por ciento. El descuido sobre el sector industrial no fue solo público. Con la inercia de una orientación gubernamental que abría sin criterios de progresividad y selectividad (como sí lo hizo el modelo asiático) las fronteras de su economía nacional, el sector privado, ante una apertura explosiva e indiscriminada, también renunció a su derecho de defender de manera más exitosa el importante papel que había jugado a lo largo de más de cuatro décadas en el siglo XX; disminuyendo en consecuencia su participación en casi todos los sectores industriales del país. De igual modo, en la idea de estar frente a un proceso global de carácter “natural”, la propia academia, casi en lo general, se olvidó poco a poco de reflexionar sobre las maneras de fortalecer y modernizar un sector que durante 48 años (1934-1982) le dio a México una tasa anual de crecimiento manufacturero del 6.7 por ciento.

II.
A partir de mediados de la década de los ochenta, cuando México dio inicio a los cambios estructurales de su modelo económico, sus líneas de transformación se vieron influidas por esta idea del descuido y de la subestimación de la manufactura industrial. De igual modo, el abrupto aterrizaje económico del periodo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) jugó un papel determinante para justificar la llegada de una nueva estrategia económica que, como ella misma lo aceptó, no consideró importante que el país contara con una política industrial. De los números de los últimos 30 años se desprende que el sector secundario pasó en promedio del 32 por ciento al 26 por ciento del PIB y el manufacturero se trasladó del 22.4 por ciento al 17.2 por ciento; con el agregado de que en los últimos años las maquiladoras han representado más del 50 por ciento de las exportaciones manufactureras, lo cual disminuye sensiblemente el resultado final de manufactura. Estos datos contrastan con los obtenidos por otros países emergentes, los cuales han estado incrementando su tasa industrial a niveles del 6 por ciento al 12 por ciento anual promedio, y aumentando la participación de su sector manufacturero a niveles del 24 por ciento de su PIB,como el caso de Corea y del 40 por ciento en el de China. A lo anterior puede agregarse que la disminución del papel de México en la geografía de la industria mundial, puede apreciarse claramente al comparar sus intentos de asimilación tecnológica de 1934 a 1982 –donde logró alcanzar un PIB manufacturero anual de 6.7 por ciento–contra las políticas económicas instrumentadas de 1983 a 2010 –donde este mismo índice cayó a un 2.4 por ciento, o sea, un logro dos veces inferior a su primera etapa industrial. De igual modo, esta erosión puede apreciarse al comparar la capacidad de generación de empleo en el sector de manufacturas, en el que el país de 1951 a 1982 creció a una tasa anual del 3.9 por ciento, en tanto que de 1983 a 2010 este índice se cayó casi a un nivel de 0 empleos (0.3 por ciento). Lo mismo puede argumentarse si se toma el índice de productividad del sector de manufacturas, donde de 1951 a 1982 se creció a niveles del 3.5 por ciento, y de 1983 a 2010 declinó al 2.2 por ciento; derivándose de estos datos un fuerte deterioro del sector secundario del país y un franco proceso de desindustrialización.
La apuesta a la no política industrial,o su simulación a través de una exportación maquiladora disfrazada de manufactura; o su delegación en manos de un mecanismo ciego como el mercado como dice Octavio Paz; o sur enuncia porque ya pasó su tiempo como dice Bell, canceló un desarrollo industrial por varias décadas que no se detiene únicamente en las plantas cerradas o los empleos no generados, sino que involucra y afecta un sinnúmero de fundamentos del crecimiento. La rama manufacturera, como todo sector económico, trasciende de su propia competencia y se prolonga con sinergia dentro de los demás sectores. El caso del sector secundario, por su propia naturaleza, es un sector puente entre el agrícola y el terciario, como parte de un eslabonamiento virtuoso que nace de la propia Revolución Industrial. Al mismo tiempo, el propio sector genera lo que Pisano llama los “industrial commons”, que son el conjunto de habilidades o capacidades que se van desarrollando con la actividad industrial, los cuales dan soporte a temas tan relevantes como la innovación; por ello la pérdida en México en el transcurso de estas tres décadas ha sido enorme, porque no solo se cayó el porcentaje de participación del sector manufacturero; de manera más relevante se acabó con una cultura industrial de transformación.

III.
La profundidad de la crisis económica actual y sus consecuencias en materia de empleo y desarrollo, han motivado que muchos de los países occidentales que se olvidaron de la política industrial hagan una revisión de su importancia y contenido, en busca de un desarrollo complementario. Después de varias décadas de autismo industrial, el cual generó todo un traspaso de poder económico,tecnológico y laboral de Occidente a Asia, empiezan a vislumbrarse algunas reacciones de ciertos países occidentales que trabajan en el regreso de políticas industriales, a fin de impulsar un crecimiento económico insuficiente y una generación de empleos que no alcanza. Sin embargo, la historia no se repite, y si bien en la agenda económica de algunos países de occidente empieza a recuperarse el desarrollo de una política industrial en apoyo a sus otros sectores nacionales –la cual se presenta a través de un amplio abanico de alternativas dependiendo del país de que se trate–Jeremy Rifkin nos recuerda que esta agenda deberá tener una orientación cierta hacia un nuevo estadio dominado por la Tercera Revolución Industrial, la cual, junto con el nuevo siglo XXI, está definiendo la nueva producción industrial y la economía del mundo. Que la Revolución Industrial impulsada por el petróleo y por otros combustibles fósiles está llegando a un final peligroso; que la humanidad necesita de una estrategia económica sostenible dentro de la cual deberá insertarse una nueva política industrial que pueda ser exitosa, moderna y sustentable.

IV.
El reacomodo de actores y sectores de un nuevo siglo que comienza, se presenta como la oportunidad de repensar y relanzar una nueva política industrial manufacturera que pueda ser exitosa y sustentable para México en la primera mitad del siglo XXI. Una política industrial que pueda sumarse como un motor más del desarrollo económico del país y ayude en la difícil tarea de generar una cultura tecnológica que multiplique las habilidades y capacidades de la población; que explote los potenciales de invención, asimilación e innovación de una Población Económicamente Activa que, junto con el país, solo podrá aspirar a un futuro económico sustentable a través del desarrollo tecnológico. Lo anterior resulta de la mayor importancia porque estos temas siguen siendo asignaturas pendientes de un modelo económico que no ha tenido la suficiencia para brindar un empleo digno en los últimos treinta años a millones de mexicanos y ha generado que más de un 50 por ciento de la población nacional viva en la pobreza y en la informalidad.
La política industrial está de regreso, como dice Rodrik; aunque nunca debió haberse ido de la agenda nacional. 

Arturo Oropeza García

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