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Reportaje y Ensayo

2018: El año de las protestas estudiantiles

A 50 años de las revueltas estudiantiles más grandes de la historia, de nuevo los universitarios están en pie de guerra. El año 2018 fue de los más álgidos en términos de protestas estudiantiles desde el Mayo de 68—sobre todo en el continente americano. Tan solo en América Latina, hay movimientos nacionales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, y, de forma más focalizada, en México y Costa Rica, entre otros países. También estallaron grandes protestas en Australia, Bangladesh, China, Francia, Irán, Estados Unidos y Sudáfrica, por mencionar sólo algunos casos.

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La UAS, notable por cobertura y calidad a nivel nacional: Juan Eulogio Guerra Liera

La Universidad Autónoma de Sinaloa ha sabido mantenerse, desde hace varios años, en los más altos índices de calidad y cobertura a nivel nacional.
En palabras de su rector, Juan Eulogio Guerra Liera, hay desde hace mucho tiempo un compromiso social instaurado en la UAS que hace suyas las demandas de la sociedad en cuanto a cobertura. Hay una gran integración con ella y actualmente la institución sinaloense tiene 95 por ciento de cobertura, el más alto entre las universidades del país.

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Errores de cálculo generan incertidumbre en las universidades públicas

El tiempo se agota y la posibilidad de un ajuste al presupuesto en la educación superior para 2019 crece. Los pronunciamientos de las universidades públicas del país suben de tono y las voces que exigen un trato financiero justo aumentan.
Los rectores advierten que un recorte, por mínimo que este sea en cualquiera de los rubros que conforman el paquete presupuestal para la educación superior, será devastador.

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La crisis de las universidades colombianas

Por segunda vez en una década, las calles de Colombia están inundadas de grandes protestas estudiantiles. Como fue el caso en 2011, se han sumado los profesores y administradores universitarios y los principales sindicatos en rechazo a las políticas económicas y de educación superior del gobierno entrante. Los estudiantes le están exigiendo al gobierno de Iván Duque 18.2 billones de pesos colombianos (unos 5.5 mil millones de dólares) para las universidades públicas, que se encuentran en crisis financiera después de décadas de políticas de corte neoliberal. Los manifestantes también rechazan una polémica reforma tributaria que impondría un IVA de 18 por ciento a casi toda la canasta familiar.  

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La encrucijada financiera de las universidades públicas

El panorama presupuestal para las universidades públicas en 2019 no es prometedor. La asignación de recursos al sector no es una de las prioridades del próximo gobierno y así se perfila en el proyecto de egresos que será votado en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con las primeras previsiones, no habrá incremento en los montos para las universidades públicas estatales y tampoco se contemplan bolsas adicionales para enfrentar los rezagos económicos.
En medio de la inminente crisis financiera por la que atraviesan al menos diez casas de estudios, el presupuesto no planea asignar recursos el año próximo para paliar ese problema ni para dar seguimiento a las medidas emergentes que se discuten de último momento entre las actuales autoridades hacendarias educativas y los rectores.
El acento financiero recaerá en la construcción de 100 nuevas universidades, denominado “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 2018-2024”.
Se trata de uno de los proyectos que será inserto en la política social del nuevo gobierno y el cual busca atender a miles de jóvenes en todo el país.
El plan original es instalarlas en municipios de escasos recursos con carreras relacionadas a las necesidades de las regiones, con base en su vocación productiva.
Una función que ya realizan las universidades tecnológicas, politécnicas, los institutos tecnológicos y las universidades interculturales desde hace varios años.
A este rubro se proyecta asignar la cantidad de recursos suficientes para comenzar la construcción e iniciar la operación de estos planteles de los que aún no se conoce a fondo el formato, ni los programas académicos que ahí se impartirán.
Para legisladores, rectores y sindicatos universitarios, el momento por el que atraviesa la negociación presupuestal es muy delicado y no parece que vaya arrojar resultados satisfactorios.
Al mismo tiempo, coinciden en que escatimar los recursos a la educación superior, pero sobre todo a la capacidad ya instalada y que ha rendido frutos, no puede ponerse en entredicho.
Además, se pone en riesgo la viabilidad y el seguimiento que se le había puesto a los problemas estructurales que enfrentan las universidades públicas estatales, lo cual también es un obstáculo que, al menos hace unos meses, no se veía tan decisivo.

Punto de partida inmejorable
De acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el actual ciclo escolar 2018-2019, la cobertura podría llegar al 39.9 por ciento. Es decir, casi 8 puntos porcentuales más que en el año 2012.
La matrícula inscrita en todas las modalidades que conforman el sistema de educación superior, es de 4.5 millones de jóvenes, de los cuales más de un millón 100 mil estudiantes provienen de sectores socioeconómicos rezagados.
Esto representa un cambio en el perfil y un impacto positivo de la diversificación de la oferta educativa, toda vez que hace ocho años únicamente uno de cada ocho jóvenes de hogares desfavorecidos cursaba la educación superior, y hoy lo hace uno de cada cuatro.
Sin embargo, a pesar de estos logros cuantitativos y cualitativos, que son innegables y no pueden demeritarse, las autoridades educativas reconocen que el actual modelo de educación superior en México, es un modelo que está entrando gradualmente en un serio problema presupuestal.
Como lo planteó el propio Otto Granados Roldán, Secretario de Educación Pública (SEP), durante su pasada comparecencia en la Cámara de Diputados, si bien es cierto que ha crecido enormemente la matrícula, enfrenta serios problemas financieros.
Explica que desde 1960 a la fecha, la matrícula de educación superior creció 132 veces, lo cual representa una de las más grandes del mundo, y en eso han tenido un papel central las universidades, los tecnológicos y los politécnicos.
Pese a ello, 10 universidades atraviesan situaciones críticas, ya que tienen un déficit calculado de 15 mil millones de pesos, el cual se fue gestando a lo largo de varios años.
“Es importante analizar para entender, en el contexto apropiado, la magnitud del problema; el sistema de pensiones y jubilaciones, en una buena parte de las universidades está técnicamente quebrado”, dice el secretario.
Detalla que adicionalmente, se fueron generando otros tres elementos importantes, como, por ejemplo, el crecimiento de las prestaciones no reconocidas en el modelo de la Secretaría de Hacienda con la Secretaría de Educación Pública.
“Aguinaldos entre 70 y 90 días, muy bajos ingresos propios, tuvieron que ir drenando recursos para seguir manteniendo la sostenibilidad actuarial de los sistemas de pensiones. Los pasaron del presupuesto a los fondos de pensiones, primas vacacionales de entre 15 y 32 días, etcétera; y es evidentemente, lo que llevó a un problema de esta naturaleza”, comenta.
Por ello, en los últimos siete años hubo recursos extraordinarios para estas instituciones de educación superior, por un monto aproximado de 10 mil millones de pesos.
Aunado a ello, advierte el Secretario de Educación Pública, se requiere hacer una reflexión a fondo frente a datos que son preocupantes en torno a la pertinencia y la vinculación de las instituciones con el sector productivo.
Y es que, en la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, se precisa que 28 por ciento de los desempleados de este país, tienen una licenciatura terminada.
En ese sentido, 1.7 por ciento de los desempleados en esta misma encuesta tiene incluso una maestría o un doctorado.
“Quiere decir que entonces, lo que están recibiendo por esas carreras que están estudiando, no le está dando las habilidades, las competencias para insertarse efectivamente al mercado laboral”, puntualiza.
Asimismo, la tasa de retorno, que hace 25 años o 30 años era mucho más marcada entre quien tenía primaria completa y quien tenía una educación superior terminada, se ha ido reduciendo.
“Se ha ido estrechando, de tal manera que la diferencia ya entre tener ciertos niveles educativos en materia salarial no es tan relevante como lo fue en el pasado”, advierte Granados Roldán.
Por eso la importancia de dar continuidad financiera a las medidas que ya se empezaron a trabajar a mediano plazo para tratar de corregir las causas estructurales de este déficit que hoy enfrentan estas universidades.
Un asunto, que reconoce, se reproduce quizá en dimensiones diferentes, en otra más, particularmente entre las universidades públicas estatales.

Encender las alarmas
Para Jesús González Hernández, Secretario General de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), es latente la posibilidad de que se aprueben reformas constitucionales que modifiquen sustancialmente el esquema de financiamiento de las universidades públicas autónomas.
Además, frente a la posible creación de 100 instituciones en este nivel educativo, el tema del financiamiento y la asignación de recursos se vuelve cada vez más complejo y competido.
Y es que si bien es cierto que se ha planteado que las universidades públicas contarán con al menos la misma cantidad de recursos ejercidos de manera regular durante este año, la posibilidad de introducir cambios estructurales en su base financiera.
“Fundamentalmente en sus recursos propios, lo cual puede llegar a generar retos importantes para mantener el equilibrio financiero y laboral de las universidades mexicanas”, dice.
Por ello, apunta que los sindicatos universitarios deben ser factores de reflexión y análisis para que toda medida legal o de gobierno, antes de ser implementada, sea cuidadosamente revisada y consensuada con todos los actores que intervienen en el sector de la educación superior en el país.
“Los siguientes meses y años serán definitorios para el futuro de los centros educativos de nivel superior públicos, de ahí que la revisión de las condiciones generales de trabajo al interior de las comunidades educativas, es un ejercicio necesario e indispensable para conocer cómo se integra el universo laboral de la educación superior en México”, advierte.
Ello sin contar con los factores externos que pudieran llegar a afectar el futuro de la educación universitaria.
Sergio Lucio Torales, presidente de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la UAA (Aciuaa), enfatiza que, ante la situación tan compleja por la que están pasando 10 universidades públicas del país, al estar en quiebra técnica, es necesario alzar la voz.
“Para que se les otorguen recursos suficientes, pues es momento de demostrar que los sindicatos promueven un equilibrio institucional y un óptimo desarrollo”, puntualiza.
Otro de los caminos que no debe abandonarse, es el que plantea Juan Manuel Ocegueda Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en el sentido de revalorar la distribución de recursos a las universidades públicas del país.
Es decir, favorecer a las que tienen mejores resultados, y con ello crear un sistema de incentivos económicos basado en buenos resultados financieros y laborales.
Esto, debido a que hay una tendencia a destinar mayores recursos a las universidades del país que tienen problemas estructurales.
“Lo cual no me parece mal. Lo que me parece mal es que no haya recursos para los que hemos hecho bien las cosas”, aclara el rector de la UABC.
Por ello, explica, la asignación de los recursos para el 2019 no debe soslayar el rendimiento de las universidades públicas estatales que han tenido impacto a nivel nacional y en cada una de las comunidades.

Medidas pertinentes
El trabajo que se ha venido desempeñando en los últimos meses para poder construir, junto con las universidades públicas estatales en crisis, un esquema de apoyo para atender el problema también está en riesgo.
De acuerdo con Otto Granados Roldán, en este análisis se identificaron cuatro o cinco causas centrales de ese déficit estructural.
“Efectivamente plantillas no reconocidas por la Secretaría de Educación Pública y de Hacienda, tanto de académicos como de administrativos, el haber convenido prestaciones con los sindicatos que no estaban contempladas en ese modelo de financiación”, detalla.
Asimismo, la inexistencia o inoperancia financiera de los sistemas de pensiones y jubilación de personal, algunos de los cuales requieren drenar recursos frescos del presupuesto regular para meterlos a los fondos de pensiones de las universidades.
Incluso, plantea el Secretario de Educación Pública, en algunos casos, un menor flujo de recursos ofrecidos o convenidos por los gobiernos estatales.
“Esto provocó algunas consecuencias que hicieron crisis en ese problema. Adeudos al SAT, a la seguridad social, préstamos bancarios e incumplimientos diversos que generaron costos adicionales, y finalmente, la reducción de los fondos extraordinarios que son asignados por la Cámara de Diputados”, enfatiza.
Por eso, se debe dar continuidad por primera vez primera ante un área de oportunidad que les permita a estas universidades empezar a corregir, en un programa de mediano plazo, algunas de estas causas.
“Ya estamos una por una, en estos días, viendo la posibilidad de apoyarlas con un traje a la medida, aun si esto ocurre, el año que entra, de seguir este esquema, vamos a tener, y van a tener ellas, exactamente el mismo problema de ahora”, adelanta.
Porque programas de rescate ha habido por muchos años en las universidades, pero ahora quizá la novedad o el elemento adicional importante es que “hemos convenido que este tiene que ser un trabajo tripartita; e gobierno federal, que ha sido muy puntual en la asignación que nos corresponde; los gobiernos estatales y por supuesto las propias universidades”.
El objetivo, añade Granados Roldán, es que las instituciones tengan margen de maniobra y con ello proponer la firma de un convenio que sea vinculante donde cada una de ellas se pueda obligar a ir corrigiendo algunas de estas causas estructurales en ese sentido.
En este escenario, Felipe Fernando Macías, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), advierte que será responsabilidad del próximo gobierno analizar la situación presupuestal de las universidades públicas y dotarlas de recursos suficientes.
“Es un tema muy fuerte, muy complejo que hoy por hoy, ya está en la cancha del Gobierno Federal entrante, y es lo que nosotros como legisladores vamos a tener toda la disposición de gestionar lo más que se pueda”, dice.
Y es que, agrega el legislador, no se les puede condicionar a las universidades el presupuesto público cuando a lo largo de décadas, “han superado las expectativas a pesar de las limitaciones financieras que han sorteado”.   

A mediano plazoidente de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la UAA (Aciuaa), enfatiza que, ante la situación tan compleja por la que están pasando 10 universidades públicas del país, al estar en quiebra técnica, es necesario alzar la voz.
“Para que se les otorguen recursos suficientes, pues es momento de demostrar que los sindicatos promueven un equilibrio institucional y un óptimo desarrollo”, puntualiza.
Otro de los caminos que no debe abandonarse, es el que plantea Juan Manuel Ocegueda Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en el sentido de revalorar la distribución de recursos a las universidades públicas del país.
Es decir, favorecer a las que tienen mejores resultados, y con ello crear un sistema de incentivos económicos basado en buenos resultados financieros y laborales.
Esto, debido a que hay una tendencia a destinar mayores recursos a las universidades del país que tienen problemas estructurales.
“Lo cual no me parece mal. Lo que me parece mal es que no haya recursos para los que hemos hecho bien las cosas”, aclara el rector de la UABC.
Por ello, explica, la asignación de los recursos para el 2019 no debe soslayar el rendimiento de las universidades públicas estatales que han tenido impacto a nivel nacional y en cada una de las comunidades.

Medidas pertinentes
El trabajo que se ha venido desempeñando en los últimos meses para poder construir, junto con las universidades públicas estatales en crisis, un esquema de apoyo para atender el problema también está en riesgo.
De acuerdo con Otto Granados Roldán, en este análisis se identificaron cuatro o cinco causas centrales de ese déficit estructural.
“Efectivamente plantillas no reconocidas por la Secretaría de Educación Pública y de Hacienda, tanto de académicos como de administrativos, el haber convenido prestaciones con los sindicatos que no estaban contempladas en ese modelo de financiación”, detalla.
Asimismo, la inexistencia o inoperancia financiera de los sistemas de pensiones y jubilación de personal, algunos de los cuales requieren drenar recursos frescos del presupuesto regular para meterlos a los fondos de pensiones de las universidades.
Incluso, plantea el Secretario de Educación Pública, en algunos casos, un menor flujo de recursos ofrecidos o convenidos por los gobiernos estatales.
“Esto provocó algunas consecuencias que hicieron crisis en ese problema. Adeudos al SAT, a la seguridad social, préstamos bancarios e incumplimientos diversos que generaron costos adicionales, y finalmente, la reducción de los fondos extraordinarios que son asignados por la Cámara de Diputados”, enfatiza.
Por eso, se debe dar continuidad por primera vez primera ante un área de oportunidad que les permita a estas universidades empezar a corregir, en un programa de mediano plazo, algunas de estas causas.
“Ya estamos una por una, en estos días, viendo la posibilidad de apoyarlas con un traje a la medida, aun si esto ocurre, el año que entra, de seguir este esquema, vamos a tener, y van a tener ellas, exactamente el mismo problema de ahora”, adelanta.
Porque programas de rescate ha habido por muchos años en las universidades, pero ahora quizá la novedad o el elemento adicional importante es que “hemos convenido que este tiene que ser un trabajo tripartita; e gobierno federal, que ha sido muy puntual en la asignación que nos corresponde; los gobiernos estatales y por supuesto las propias universidades”.
El objetivo, añade Granados Roldán, es que las instituciones tengan margen de maniobra y con ello proponer la firma de un convenio que sea vinculante donde cada una de ellas se pueda obligar a ir corrigiendo algunas de estas causas estructurales en ese sentido.
En este escenario, Felipe Fernando Macías, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), advierte que será responsabilidad del próximo gobierno analizar la situación presupuestal de las universidades públicas y dotarlas de recursos suficientes.
“Es un tema muy fuerte, muy complejo que hoy por hoy, ya está en la cancha del Gobierno Federal entrante, y es lo que nosotros como legisladores vamos a tener toda la disposición de gestionar lo más que se pueda”, dice.
Y es que, agrega el legislador, no se les puede condicionar a las universidades el presupuesto público cuando a lo largo de décadas, “han superado las expectativas a pesar de las limitaciones financieras que han sorteado”.   


A mediano plazo
Hoy se realiza una reunión fundamental entre autoridades hacendarias, educativas, legisladores y rectores de las instituciones de educación superior que enfrentan una crisis presupuestal.
La respuesta favorable y el monto que se va a destinar a enfrentar el problema a corto plazo, podría darse en las próximas horas.
De acuerdo con Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor), las diferentes gestiones con las autoridades federales podrían concretar la entrega de 408 millones de pesos, para terminar este 2018 y no tener problemas de pago de salarios y aguinaldos.
“Nos citaron a todos los rectores, en donde nos darán un resolutivo de la situación de cada una de las instituciones, esperamos tener una respuesta positiva, pueden ser los 408 millones de pesos que necesitamos para cerrar el año, sin embargo, no termina ahí”, plantea el rector.
Y es que, como lo reconoce el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Francisco Javier Avelar González, la problemática de las diez universidades estatales en crisis no se solucionará únicamente con la dotación de más recursos por parte de la Federación.
Lo que se requiere, añade el rector de la UAA, es revisar y terminar con los problemas estructurales de cada una de estas instituciones.
“Hay diez universidades públicas estatales que tienen graves problemas financieros, algunas de ellas con insuficiencia de recursos para cumplir las obligaciones contractuales como el pago de sus trabajadores, el pago de jubilaciones, pensiones y de prestaciones de ley como el aguinaldo de este año”, dice.
Pero se trata de problemas complejos y distintos, aunque existen factores comunes.
“Se debe encontrar una alternativa que dé una solución de largo plazo para esta problemática; la insuficiencia financiera, no es nueva, pues se viene arrastrando y agravando desde hace varios años”, advierte.
Lo que no se debe hacer a un lado, es que las universidades en crisis han hecho una gran aportación al país,
 “Esta problemática financiera esperemos que sea coyuntural y que por la suma de voluntades y responsabilidades se pueda encontrar una solución adecuada que permita que estos estados tengan una universidad autónoma financieramente sana”, puntualiza.
Hoy se realiza una reunión fundamental entre autoridades hacendarias, educativas, legisladores y rectores de las instituciones de educación superior que enfrentan una crisis presupuestal.
La respuesta favorable y el monto que se va a destinar a enfrentar el problema a corto plazo, podría darse en las próximas horas.
De acuerdo con Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor), las diferentes gestiones con las autoridades federales podrían concretar la entrega de 408 millones de pesos, para terminar este 2018 y no tener problemas de pago de salarios y aguinaldos.
“Nos citaron a todos los rectores, en donde nos darán un resolutivo de la situación de cada una de las instituciones, esperamos tener una respuesta positiva, pueden ser los 408 millones de pesos que necesitamos para cerrar el año, sin embargo, no termina ahí”, plantea el rector.
Y es que, como lo reconoce el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Francisco Javier Avelar González, la problemática de las diez universidades estatales en crisis no se solucionará únicamente con la dotación de más recursos por parte de la Federación.
Lo que se requiere, añade el rector de la UAA, es revisar y terminar con los problemas estructurales de cada una de estas instituciones.
“Hay diez universidades públicas estatales que tienen graves problemas financieros, algunas de ellas con insuficiencia de recursos para cumplir las obligaciones contractuales como el pago de sus trabajadores, el pago de jubilaciones, pensiones y de prestaciones de ley como el aguinaldo de este año”, dice.
Pero se trata de problemas complejos y distintos, aunque existen factores comunes.
“Se debe encontrar una alternativa que dé una solución de largo plazo para esta problemática; la insuficiencia financiera, no es nueva, pues se viene arrastrando y agravando desde hace varios años”, advierte.
Lo que no se debe hacer a un lado, es que las universidades en crisis han hecho una gran aportación al país,
 “Esta problemática financiera esperemos que sea coyuntural y que por la suma de voluntades y responsabilidades se pueda encontrar una solución adecuada que permita que estos estados tengan una universidad autónoma financieramente sana”, puntualiza.

Carlos Reyes

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Desaparición del INEE: riesgo de retroceso educativo en el país

La desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) atenta contra una de las instituciones que han permitido fortalecer el sistema educativo del país.
Una decisión que podría cortar de tajo los esfuerzos de los últimos 18 años por contar con una radiografía puntual de los obstáculos, alcances y logros que se han tenido en la educación básica y media superior del país.

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Jair Bolsonaro: Un peligro para Brasil y la educación superior en América Latina

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Conforme se acerca la hora de asignar el gasto de operación para el próximo año fiscal, las instituciones de educación superior son vistas por algunos legisladores como entes que no han sido transparentes ni han rendido cuentas de los recursos que ejercen.
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