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¿Cómo va a funcionar el INEE?

Este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico del INEE. Con ello culmina la etapa de formulación de normas para la gestión autónoma del organismo. El proceso dio inicio con la reforma al Tercero Constitucional el 26 de febrero de este año, dentro de la cual se sancionó el carácter del INEE como un “organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio”, con la tarea, también precisada en el texto constitucional, de “evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, así como la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.”

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¿Puede la evaluación mejorar la política educativa? (tercera y última parte)

Primera parte

Segunda parte

¿Qué realmente se está transformando con los cambios propuestos por el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia educativa? Esta fue la pregunta principal que guió el seminario internacional sobre la reforma del sector organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, el 25 y 26 de septiembre pasado. Como un agradecimiento a Flacso por haberme invitado a participar en ese encuentro, trataré, en este última entrega, de responder a la pregunta que inteligentemente bautizó su magnífico encuentro.
Transformar quiere decir que algo cambie de aspecto. Si nos ceñimos a esta simple definición, lo primero que diría —siguiendo el argumento de Sylvia Schmelkes — es que con la reforma educativa, se modificó el lugar de la educación en los planes de gobierno y en el debate nacional. Desde principios del 2013, la educación básica, que aglutina al mayor número de estudiantes, presupuesto y recursos, ha sido materia de un constante y a veces ríspido debate. El seguimiento informativo a cada paso de la reforma ha sido puntual y derivado de ello, muchos hemos podido, desde nuestras diferentes trincheras, pensar, opinar y reflexionar sobre lo que está haciendo el actual gobierno priísta en materia educativa. Esto contribuye, en cierto sentido, a hacer públicas las políticas.

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La reforma educativa y la nueva federalización

La llamada reforma educativa tendrá su complemento y profundización en la Reforma Hacendaria, al centralizar nuevamente el gasto para la educación básica en el gobierno federal. Con ello se vuelve, en buena medida, a la reforma constitucional de 1921, aquella que creó la SEP, misma que fue suprimida en 1993 cuando los recursos federales para dicha finalidad fueron transferidos a las entidades federativas. Expliquémoslo.


La reforma constitucional de este año en los Artículos Tercero y 73, continuada con la promulgación de la reforma a la Ley General de Educación y la creación de las correspondientes a las del Servicio  Profesional Docente y a la del INEE, constituyen sólo la base jurídica que le dé cauce a lo que deberá ser una reforma educativa en el sentido preciso del término. Ese conjunto define y cimenta lo que  es, a partir de ahora, la rectoría del Estado sustentada en los nuevos contenidos en materia de facultades (exclusivas, compartidas, concurrentes) así como el papel (atribuciones, derechos, obligaciones y responsabilidades) de sus principales actores.
La Constitución de 1917  depositó el control y el financiamiento de la educación básica en los ayuntamientos. Loable idea pero carente de aplicabilidad antes y ahora. Fue necesario que el régimen Obregonista impulsara  la modificación a la Carta Magna para que  ese nivel educativo se sustentase en un financiamiento proveniente del gobierno federal y el de los Estados. Al proceso se le llamó “federalización”. El decreto de creación de la SEP, promulgado el 29 de septiembre de 1921, fue la parte culminante de aquella reforma constitucional.
Las leyes secundarias (como la Orgánica de Educación Pública, de 1942, o la Federal de Educación, de 1973) consideraron ese mismo régimen de financiamiento concurrente entre ambos órdenes de gobierno, pero en la práctica descansando en el gobierno federal. Las cifras y proporciones a este respecto son contundentes: hasta 1993 el gasto educativo se integraba en un 83 por ciento por el gobierno federal, 10 por ciento por el de los estados y siete por ciento por la participación privada.
En 1992, durante el gobierno de Salinas de Gortari, se suscribió el Acuerdo Nacional para Modernización de la Educación Básica, entre el gobierno federal, el de los estados y el SNTE, mismo que constituyó la base para una nueva reforma constitucional y otra ley secundaria que se expidió en 1993: la Ley General de Educación (LGE). Independientemente de las materias que ahí se regulaban, la del financiamiento da un vuelco respecto a lo acordado 72 años atrás. Aunque el gobierno federal y cada entidad federativa “concurran al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos” (artículo 25 de la LGE), el primero transfiere en calidad de aportaciones a los segundos una buena porción de los recursos que antes formaban parte integral del gasto educativo (aquél 83 por ciento). A todo ese proceso nuevamente se le llamó “federalización”.
Ahora, como ya se dijo, la Reforma Hacendaria y el Paquete Económico para el Presupuesto del 2014 (principalmente los Criterios Generales de Política Económica/CGPE, y el Presupuesto de Egresos de la Federación) vuelven a la senda de 1921. Se centraliza el gasto educativo en la federación, eliminando las aportaciones (Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal/FAEB) destinadas a los estados en dicho nivel del Sistema Educativo Nacional.
Tal como se lee en ambos documentos, el objetivo es procurar una mejora en “la distribución, el destino y el ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportación Federales, así como una mayor transparencia en su distribución”. Para ello, se plantea desaparecer el actual FAEB, reemplazándolo por el Fondo de Nómina Educativa (FONE), “el cual propone un control administrativo y operativo de la nómina educativa que a la fecha se paga con recursos del FAEB . . .” En buen romance, las entidades federativas no dispondrán ya de los recursos que antes les transfería la federación y la nómina será levantada, administrada y supervisada por el Ejecutivo Federal.
Muchas consecuencias se desprenden de esto. Entre otras la buena: se acaba la doble negociación; pero también la mala: las presiones se concentrarán en la Ciudad de México, la SEP y la SHCP. Todo esto está dentro de un apartado, en los CGPE, cuyo título es “promover el federalismo”. ¿A la tercera será la vencida? Ya volveré al tema.

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Miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana.

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