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Roberto Rodríguez Gómez

La evaluación antes, durante y después del INEE/ II

Puede leer la primera parte en este enlace.

Si, como efecto de la cancelación de la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto con la que el gobierno electo se propone iniciar su gestión, se decide la disolución del INEE autónomo, queda por resolver qué instancia se habrá de encargar de continuar o reorientar las funciones de evaluación requeridas para el monitoreo de la nueva generación de políticas educativas. Una alternativa posible consiste en aprovechar la infraestructura y recursos de evaluación instalados en la propia SEP, esto es la Dirección General de Evaluación de Políticas. Otra posibilidad radica en aprovechar las capacidades consolidadas del INEE enfocándolas a la reorientación de las funciones evaluativas. En tanto se despeja esta importante decisión, sigamos con el recuento de las formas y procesos de evaluación que han tenido lugar en la historia reciente de las políticas educativas del gobierno federal.

La evaluación antes, durante y después del INEE

En México la evaluación de los componentes del sistema nacional educativo entró al escenario de las políticas educativas a partir de los años setenta del siglo pasado, de la mano de la implantación de nuevos enfoques e instrumentos para la planeación y control del sector.
Hay, sin embargo, antecedentes más remotos que vale la pena recordar. En la Ley Orgánica de Educación de 1939, publicada el último año de la administración de Lázaro Cárdenas (3 de febrero de 1940), se establecía como funciones de un Consejo Nacional de Educación, dependiente de la SEP, “el estudio de la función educativa en sus variados aspectos, fenómenos y problemas, con miras a precisar los mejores métodos y formas de dirección y orientación técnica” (Artículo 92). Además, se establecían, como atribuciones del Estado, las de “convocar periódicamente a congresos pedagógicos en los cuales se discutan los problemas educativos del país; enviar al extranjero comisiones de maestros, cuidadosamente seleccionados, para que vayan a estudiar los problemas educativos de otros países y traigan las innovaciones más aventajadas que al respecto encuentren… y Establecer un intercambio con los demás países, de estudiantes y profesionistas, con el objeto de conocer y aprovechar su legislación escolar y orientaciones en materia educativa” (Artículo 8).

El futuro (o no) del INEE

La decisión parece tomada a juzgar por las declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tras su reunión con la Comisión Única Negociadora de la CNTE en días pasado. Según reportes de prensa, el futuro primer mandatario se habría comprometido a que, en los primeros seis meses de su gobierno, se derogue la reforma educativa y se cancele el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Ambas medidas están formalmente en manos Legislativo. No obstante, en este, como en otros casos, la palabra presidencial perfila una decisión tomada.

Una propuesta: Quítenle la “P” a la SEP

Y que se denomine Secretaría de Educación a secas. Por dos razones: primera, para unificar el título de la máxima autoridad educativa del país a la denominación que se emplea en prácticamente todos los países. La segunda razón es de fondo y consiste en la importancia de desarrollar un marco normativo unificado para el sistema de educación en su conjunto, lo que incluye al sector público y al privado.
Al revisar la denominación de los ministerios, secretarías o departamentos de Estado en América Latina saltan a la vista dos aspectos. En primer lugar, sin excepción la autoridad educativa de jurisdicción nacional tiene rango ministerial. En cabio, en México se optó, desde el siglo XIX, por organizar la administración pública federal a través de secretarías encargadas del despacho de las facultades del poder ejecutivo. En segundo lugar, salvo los casos de Costa Rica y Honduras, que cuentan con ministerios de Educación Pública, en los demás países de la región el adjetivo de “pública” se ha excluido. Así, en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Perú y República Dominicana, la denominación es Ministerio de Educación. Luego hay algunas variantes: en Argentina se denomina al órgano correspondiente Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; en Uruguay Ministerio de Educación y Cultura; en Paraguay Ministerio de Educación y Ciencias; y en Nicaragua Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.