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Roberto Rodríguez Gómez

Cómo leer una auditoría: Coincidencias y desacuerdos

En respuesta a mi texto “Críticas de la ASF al desempeño de la SEP”, del 8 de febrero 2018, el licenciado Antonio Ávila Díaz, subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP, publicó la semana pasada, en este suplemento, la réplica titulada “Cómo leer una auditoría”. Ante todo, considero positivo que en la SEP se ocupen de comentar y aclarar temas que abordamos los comentaristas de la problemática educativa nacional, porque con ello se brinda a los lectores un panorama más amplio.

SNTE 2018

El sexenio comenzó con una declaración de guerra contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Bajo la consigna de “recuperar la rectoría del Estado en educación”, se planteó una reforma que, en su origen, buscaba evitar el control sindical sobre la distribución de plazas y los sistemas de evaluación docente para ascenso escalafonario y asignación de estímulos en el programa de Carrera Magisterial.
A tal efecto se emprendieron reformas normativas y de organización tendientes a establecer procesos y prácticas de evaluación, con candados suficientes para evitar la presencia sindical en ellos. A esta lógica respondían la creación del Servicio Profesional Docente (SPD) y el relanzamiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con carácter de órgano constitucional autónomo. Además, para evitar las prácticas de “doble negociación” desarrolladas a partir de la descentralización derivada del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el ANMEB de 1992, se estableció el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en reemplazo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) que operaba desde 1998.

Críticas de la ASF al desempeño de la SEP

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado cuestionamientos sobre el desempeño de la SEP en materia de gestión de la política educativa. El “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, etapa 2” (octubre 2017) reporta varias auditorías de desempeño del sector, dos de ellas (140-DS y 141-DS) evalúan los diseños de política de educación básica y media superior respectivamente.
El tono de las evaluaciones es crítico, porque así son los ejercicios de revisión de la ASF. No están hechos para celebrar resultados, al contrario: las auditorías señalan deficiencias, insuficiencias, fallas de procedimiento y faltas sujetas a responsabilidad. Con lo anterior en cuenta, no deja de ser interesante revisar los datos y los juicios que el máximo órgano fiscalizador ha emitido. Cabe advertir, además, que dichas auditorías corresponden al ejercicio 2016; no obstante, según señala el documento, “para analizar el cumplimiento del objetivo de la política educativa, se toma como referencia los resultados de los ciclos escolares de 2010-2011 al 2015-2016”.

El TPP y la educación superior

Con bajo perfil en medios del país trascendió la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés), pero sin duda es una noticia relevante. El pasado 23 de enero, en Tokio, se aprobó el texto final y está prevista su firma protocolaria, en Chile, los primeros días de marzo.
El TPP estuvo al borde del naufragio por la decisión del presidente Trump de excluir a Estados Unidos de las negociaciones. Con la salida de este país el horizonte del pacto se presentaba más bien incierto. Pero los once restantes (México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) decidieron seguir adelante, perfeccionar el instrumento y arribar a buen puerto. El texto aprobado en Tokio lleva ahora el nombre de Acuerdo Comprensivo y Progresivo de Asociación Transpacífica (CPTPP) e incluye, en forma de anexos, las reservas que cada país determinó incorporar al tratado general para especificar algunas reglas locales de intercambio y comercio.

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