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Roberto Rodríguez Gómez

Educación superior, ciencia y tecnología. El debate pendiente

En días pasados, en el marco de la discusión actual sobre las políticas de desarrollo científico y educación superior para los próximos años, un grupo de académicos de la UNAM y la UAM, especialistas en temas de política universitaria y procesos de evaluación en ese nivel de estudios, dieron a conocer el texto titulado “A debate la educación superior y la ciencia en México: Recuperar preguntas clave”. Dicho documento es, en un sentido amplio, continuidad del trabajo “Queríamos evaluar y terminamos contando: alternativas para la valoración del trabajo académico”, que el mismo colectivo publicó el año pasado.

El Estado, garante de la calidad de los bienes públicos

La mayoría de los bienes públicos son producidos o subsidiados por el Estado. Por dos razones: la primera es que la generación de bienes públicos con fines de lucro enfrenta el inevitable problema del consumo oportunista de al menos una parte de los consumidores. Para el capitalista privado, esta última condición resulta contraria a su interés primario, la obtención de ganancias. A menos que la generación de bienes públicos implique ganancias indirectas, como puede ejemplificarse con el caso de la TV abierta y la publicidad que la acompaña.
Si el mercado carece de estímulos para la generación de bienes públicos, señala la teoría, el Estado ha de compensar esa falla ya sea como productor directo o bien mediante fórmulas de subsidio al sector privado. La segunda razón es la existencia de un núcleo de necesidades sociales generales que sólo pueden ser satisfechas a través de la generación de bienes públicos.

Calidad educativa: ¿suprimir o resignificar?

En el texto de la iniciativa de reforma a los artículos 3ro. 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del ejecutivo federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre del año pasado, se eliminó toda y cualquier referencia al término “calidad educativa” que, en la versión todavía vigente del artículo tercero figuraba como propósito central de la acción educativa del Estado. En el texto vigente se afirma, para empezar, que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.”

El debate: Reforma constitucional en materia educativa

El 13 de diciembre del año pasado se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la iniciativa del Ejecutivo federal que propone la reforma de los artículos 3º., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, según declaraciones del primer mandatario previas y posteriores a la emisión de dicha iniciativa, se cumplía el compromiso establecido con los docentes, en particular con las organizaciones representativas del magisterio, de derogar la parte normativa de la reforma de la educación promovida por su antecesor.