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Carlos Pallán Figueroa

SEP: El nuevo secretario

El anuncio de López Obrador como promesa de campaña, relativo a que “se dejarán sin efecto las medidas de la mal llamada reforma educativa”, en la ceremonia de registro de su precandidatura, el martes pasado, convierte a la próxima elección federal en un plebiscito sobre ese tema. Al mismo tiempo, le plantea al nuevo titular de la SEP, Otto Granados, un desafío adicional para la gestión que debe desarrollar en los próximos once meses y medio. De acuerdo con ello, no hay garantía alguna de que la reforma educativa (RE) continúe, pero habría que conducirse como si tal riesgo no existiera. A reserva de que lo aclare debidamente el precandidato, la expresión, por ahora, resulta desmesurada, ya que bajo ese nombre se encuentran: a) las normas, no fáciles de derogar, tres reformas constitucionales y tres leyes secundarias; b) varias nuevas instituciones, como el INEE y el Servicio Profesional Docente; c) diversos programas e instituciones, la evaluación para el personal docente y directivo en varias modalidades, el Fondo de Nómina Educativa, las Escuelas al Cien, las Escuelas de Tiempo Completo, entre otras….  ah! y el nuevo modelo educativo. ¿Todo eso estaría en juego, o sólo unas partes? o, de manera más específica, ¿todas las “medidas” bajo ese nombre son susceptibles de “dejarse sin efecto”, o solo algunas? En fin, el panorama ya se irá despejando pero, desde ahora, el asunto se convierte en tema obligado de campaña para todos los candidatos y una referencia permanente en la actuación del nuevo secretario.
Otto Granados llega a ocupar el escritorio en el cual despacharon figuras tan destacadas como Vasconcelos, Torres Bodet, Reyes Heroles y Solana. Al igual que el segundo, desde muy joven Granados fue el secretario particular de un gran hombre de Estado y fundador de instituciones, Reyes Heroles. Desempeñó puestos prominentes en la administración pública federal y fue gobernador de Aguascalientes, en donde, con orgullo, según lo hace constar en su ficha curricular, durante su gestión fue esa la primera entidad federativa en contar con una ley y un plan en materia educativa.

Universidades al borde

Siete universidades públicas estatales (Upes) están a punto de una “quiebra técnica”. La situación, crítica en sí misma, no se constriñe desafortunadamente sólo a ellas. Muchas más están en ese camino y, de no adoptarse las decisiones adecuadas, pronto estarán viviendo una condición semejante. La frase puede parecer un eufemismo, pero no es así, se trata sólo de una expresión especializada. Sencillamente, se está frente a una quiebra técnica cuando en una organización las deudas contraídas por cualquier concepto son mayores a sus ingresos regulares y a la suma de bienes que posee. En el caso de las Upes que ya están en esa situación, para seguir operando requieren: a) continuar contrayendo deudas, si eso es posible; b) un rescate o saneamiento financiero, una medida que permita atenuar dicha deuda y alcanzar un equilibrio entre ingresos y gastos habituales. Al parecer, ninguna de las siete Upes ha conseguido en este fin de año una solución de ese tipo, solicitada en principio a la SEP. Aunque sí se han conseguido algunas medidas de carácter paliativo que, sacándolas momentáneamente del atolladero en que se encuentran, sólo tornarían más intenso el problema a partir del próximo año.

Universidades públicas: Presupuesto,Dineros y Autonomía

Para las universidades públicas del país, el asunto correspondiente a presupuesto, dineros y autonomía ha estado presente en primerísimo lugar desde hace unas semanas. Las tres cuestiones, con peculiares aspectos, se involucran en la “Estafa Maestra”, el vasto reportaje que desde el 4 de septiembre empezó a circular en diversos medios y que —en una especie de pago de justos por pecadores— ha lesionado ya al subsistema correspondiente, como se expuso en este espacio (Campus, 730). Ahora, en estos últimos días, lo más difundido gira en torno a: a) la quiebra técnica de siete universidades públicas y la negativa expresa por parte de la SEP  para ‘rescatarlas’, b) las asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a ese sector, así como los de ciencia y tecnología, y el de cultura, los tres íntimamente relacionados; c) la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a escala federal y estatal, y lo que algunas IES consideran una intromisión en la autonomía que gozan las casas de estudio. Pero también hay un cuarto tema, menos difundido, atribuible a una entidad federativa y a su universidad que, en sentido contrario a los problemas presentes en los primeros temas, y con una enorme relevancia nacional, abre nuevos caminos en materia de financiamiento. A este último, referente a la Universidad Veracruzana y la autonomía financiera otorgada por los poderes de esa entidad federativa, así como el relativo al SNA y los problemas que ya se advierten, son la materia de la entrega de hoy. Los dos restantes (a y b) se abordarán en una próxima. Empecemos por esto último.

Presupuesto 2018: Una valoración general

Sin sorpresas, el pasado jueves 9 fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año por la Cámara de Diputados, una semana antes de la fecha marcada como límite Constitucional. Queda para la especulación si lo que varios analistas calificaron como apresurada aprobación tuvo dedicatoria política, “regalo de despedida”, para el titular de la SHCP. Por lo pronto, decir “sin sorpresas” significa que el monto fijado en el proyecto se mantiene igual (5.2 billones),  superior 3.1 por ciento en términos reales respecto al de este año, siendo aprobado en lo general por una inmensa mayoría (413 vs. 49). Como ha sucedido a lo largo del sexenio, los miles de millones reclamados por organizaciones diversas para mejorar el proyecto entregado en septiembre, y reflejado en las 346 reservas presentadas por la oposición que se estrellaron una y otra vez ante un muro infranqueable; al final, la aprobación en lo particular de todo ese conjunto fue de 253 vs. 205.

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