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Carlos Pallán Figueroa

¿Sísifo en el Anáhuac?

1. Realidad y Ficción
La cancelación del aeropuerto de Texcoco ha provocado una insólita situación en el espacio en que éste aún se construye. Diariamente, y hasta el próximo viernes, los 11 mil trabajadores que ahí se desempeñan continuarán con sus labores. Algunos acarrean sacos de cemento, otros colocan un tabique más en la pared que, ya se sabe, nunca estará concluida, otros más alinean un talud sabiendo que, más tarde, sus compañeros de oficio, o el simple paso del tiempo, terminará por destruirlo. Todo, absolutamente todo lo que ahí se realiza es un trabajo inútil, irracional y absurdo en función de una orden, de la cabeza del Grupo Aeronáutico de la Ciudad de México, que hay que cumplir, ya que “los compromisos se mantendrán vigentes hasta que concluya el actual gobierno”. Jurídica o políticamente puede ser lo correcto en el marco de los discretos acuerdos entre gobierno entrante y saliente; humana y éticamente, no. Con ello, México parece ofrecer al mundo una imagen nítida del teatro del absurdo que Ionesco y Brecht pudieron haber aprovechado para una de sus obras.
La imagen se inserta en una temática de la mitología griega: Sísifo. Nombre que utilizó Albert Camus, premio Nobel de literatura, para una de sus más célebres obras, y metáfora para aludir al “esfuerzo inútil e incesante del hombre”. El personaje es castigado severamente por haber desobedecido a los dioses. Privado de la vista y condenado a empujar eternamente una roca enorme a la cumbre de una montaña, de tal forma que al “llegar a la meta” la roca rodaba y había que emprender una y otra vez la tarea.
Sin el dramatismo del aeropuerto, la frase de Mario Delgado (coordinador de la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores), aplicada a la reforma educativa en el sentido de que de ella “no quedará ni una coma”, pareciera asimilar la situación de ésta última a la del primero. Afortunadamente no es así. Declaraciones del próximo secretario de educación y del Presidente Electo hacen ver que sí quedarían “muchas comas”, sin que sea el tiempo aún de precisar cuántas. Mientras, el primero, Esteban Moctezuma, deberá definir a principios de diciembre en qué consistirá el Acuerdo Nacional para la Educación con Equidad y Calidad; el segundo, AMLO, presentará la iniciativa de reforma Constitucional y legislativa en torno a la educación nacional. Al final de ambos acontecimientos podrá saberse el rumbo que tomará ese sector en el gobierno de la Cuarta Transformación, y qué tanto de lo expresado en campaña y en estos tiempos inéditos de transición sexenal, quedará ya implantado en políticas públicas. Mientras tanto, habría que recapitular sobre el vastísimo entramado llamado reforma educativa. Qué valor objetivo tiene para que no sea borrado como el aeropuerto de Texcoco.

2. La Esencia de la reforma educativa
Por principio de cuentas, habría que decir que la reforma educativa fue, de las once reformas anunciadas ese primero de septiembre de 2015, la punta de lanza y, posiblemente, la más emblemática de los primeros 100 días de un gobierno federal que quería hacer bien las cosas en materia de políticas públicas. En tan sólo tres semanas, del 1º al 22 de diciembre, se hizo el anuncio, planteó la iniciativa, persuadió y se logró una votación arrolladora en el Congreso de la Unión para concretar una reforma Constitucional que, a su vez, fuese la base para tres leyes secundarias, todas de gran calado en el terreno educativo.
En el cuerpo principal del Artículo 3º ya reformado se contenían, aparte de las dos grandes acciones referentes al Servicio Profesional Docente y el establecimiento de un Sistema Nacional de Evaluación, una tercera dirigida a la creación de la entidad que se hiciera cargo de la segunda de ellas: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Además, en los transitorios de esa disposición se alude a seis aspectos de menor jerarquía pero que complementaban la reforma. Una descripción de todo ese conjunto sería lo siguiente:
• Establecimiento del Servicio Profesional Docente. Según el nuevo texto del artículo Tercero, “El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Sería la Ley General de Educación la que fijaría los criterios, términos y condiciones de dicha evaluación, misma que determinará no sólo ingreso, promoción y reconocimiento, sino también la permanencia del personal docente, término éste último que desató, de inmediato, la reacción adversa del SNTE por parte de su máxima dirigente.
• Creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Con la finalidad de completarse debidamente, el Sistema Educativo Nacional, según se decía, requería disponer de elementos (estructuras y procedimientos) que permitieran saber cómo estaba funcionando aquél, de tal modo que pudieran precisarse las fallas y desviaciones en su operación y, sobre todo, los resultados obtenidos en el mismo. Para ello, según el texto Constitucional, se establecería éste nuevo Sistema cuyo principal objetivo del mismo sería evaluar la calidad y resultados obtenidos en la operación de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior.
• Refundación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Las anteriores tareas, según la Reforma, se depositarían en el INEE, organismo fundado desde 2002 con una naturaleza jurídica diferente (entidad desconcentrada originalmente, luego descentralizada con el gobierno del Presidente Calderón). Ahora, se convertía en un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituyéndose su dirección por una Junta de Gobierno cuyos integrantes serían propuestos por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado.
• Sistema de Información y Gestión Educativa. Respecto a lo previsto en la parte de transitorios del Artículo 3º, la Reforma se desarrollaría también en la parte correspondiente a crear un Sistema de Información y Gestión Educativa cuya primera gran tarea, a cargo del INEGI, sería levantar un Censo-Inventario de Maestros, Alumnos y Escuelas (Cemabe). Tal y como se consigna en el transitorio quinto de la Reforma, dicha actividad se llevaría a cabo en el transcurso de 2013 de tal modo que la información obtenida pudiera consignarse en una sola plataforma que permitiera una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas. Además, aunque la Reforma no incluía un compromiso explícito en esta materia, la SEP definió como parte de sus políticas públicas que a este sistema de información se le agregara el instrumento llamado Fondo Nacional de Nómina Educativa (FONE), mismo que debería ser fundamental para la recuperación de la rectoría educativa del Estado.
• Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional. La evaluación es la cara más visible de la Reforma, tal y como queda de manifiesto en la reforma del Artículo Tercero. Pero la actividad encomendada al Servicio Profesional Docente no se agota ahí. Debería complementarse con un “Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para maestros”, mismo que sólo se ha implantado parcialmente.
• Autonomía de Gestión de Escuelas. Bajo mecanismos de participación, se trataría de otorgarle facultades de decisión a los centros escolares en aspectos básicos de su funcionamiento y operación. Así, el objetivo sería el correspondiente a “mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de operación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”.
• Escuelas de Tiempo Completo. Con el objetivo de “aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico”, estos planteles deberán, entre otras características, impulsar el suministro de alimentos a los alumnos.
• Reforma al Nivel Medio Superior, a partir de los aspectos que se detallan en la Ley General de Educación, se aprovecharía también la reforma Constitucional al Artículo 3º, efectuada en el sexenio anterior, así como los avances obtenidos en la implantación de algunas medidas relevantes, para darle una nueva configuración y un reordenamiento a todo este nivel educativo. Esto en función del compromiso del Estado mexicano al volverse obligatorio el mismo.
A todo lo anterior deberá agregarse la parte que es esencial: el Modelo Educativo. Dejado como el último gran instrumento de la Reforma, su implantación sólo se dio con el arranque del presente año escolar. Involucra, como dispositivo principal, a otros complementarios, tales como, a) el diseño de nuevos planes y programas de estudio; b) la elaboración de nuevos libros de texto y materiales educativos; c) el adiestramiento y formación continua de profesores relacionados con la implantación de todo ese conjunto.

3. Resultados y Futuro Inmediato
Como cualquier nueva política pública que se implanta, las correspondientes a la reforma educativa guardan un cierto grado de distancia con lo que fue su diseño. Algunos de esos instrumentos ahí contenidos resultaron positivos desde un principio, como es el caso del Cemabe, mismo que permitió precisar algunos aspectos delicados, tal fue lo sucedido con el FONE, como lo destaca México Evalúa (M. A. Fernández y N. Herrera, “la batalla por la nómina”, Nexos, no. 490, octubre 2018), dicho Censo puso al descubierto: a) sólo por lo que se refiere al lapso enero-2015-diciembre-2017, que casi 33 mil millones de pesos fueron destinados a pagos indebidos a comisionados sindicales y a comisionados administrativos del SNTE; b) la SEP, en una auditoría de 2017, detectó a 44 mil personas con plazas irregulares, de las cuales 10,500 no fueron localizadas cuando se hizo el pase de lista y 1,300 eran utilizadas no obstante estar dadas ya de baja. No es casual que el Presidente Electo haya dicho —y justificado ante la CNTE— que el FONE se queda (con todo y las comas que contenga), agrega el autor de este texto.
Pero también, otros de los instrumentos de la Reforma no han cumplido con sus metas, han significado desviaciones de objetivos o se desconocen aspectos fundamentales de su funcionamiento. Tal sería el caso, por ejemplo, del Programa Escuelas al Cien, donde:
a) recursos etiquetados para infraestructura han sido desviados para financiar otros conceptos; b) recursos que no han sido focalizados en las escuelas con más necesidades; c) autoridades estatales no involucradas con los objetivos básicos de la Reforma. A esto habría que agregar algo que se refiere al FONE, subsisten prácticas discrecionales que no se han extirpado o no han sido acotadas (Fernández, op cit.).
Esto debería llevar, necesariamente, a una valoración sobre el estado actual de la Reforma, antes de desecharla sin consideraciones objetivas sobre su utilidad actual y potencial. Si el meollo de la cuestión se hace consistir en lo prometido en campaña, parece importante considerar también la opinión pública en un momento en que las consultas son ya un instrumento de legitimación adicional del próximo gobierno. Al respecto, resulta muy reveladora la encuesta del periódico El Financiero, publicada el pasado lunes 26 (A. Moreno, “AMLO llega con 66 de respaldo; EPN se va con 26”, El Financiero), en que bajo el rubro de posturas ciudadanas, a dos de las preguntas formuladas: ¿está usted en desacuerdo o acuerdo con?: a) echar para atrás la reforma educativa; b) quitar la evaluación a maestros, los resultados fueron 41 por ciento en acuerdo con la primera, 48 en desacuerdo y 11 no contestaron; así como 21 por ciento de acuerdo en la segunda, 71 en desacuerdo y 6 de no respuesta. Ese 48 y 71 por ciento de desacuerdos ¿serían un indicador de “que el pueblo no se equivoca o es sabio”?
Cualquier decisión que se adopte deberá transitar por el Congreso, previsiblemente la propuesta del nuevo Presidente de la República, consistente en la reforma Constitucional y legislativa por lo que toca a las tres leyes ordinarias que la desarrollan: Ley General de Educación, Ley del Servicio Profesional Docente y Ley del INEE. En ese espacio, sería deseable contar con un amplio e informado debate sobre lo que puede quedarse y lo que deba eliminarse. Ese sería el ámbito deseable para lo que vaya a suceder en esta materia. Tal como lo expresaba Aurora Loyo hace unas semanas (Nexos, 490, octubre): “no es posible ya pensar en un acuerdo educativo cupular…más que un nuevo pacto, se requiere de la autoridad un trabajo cotidiano para generar consensos, un trabajo honesto, responsable, modesto y eficaz”. Aquí agregaría, que no tenga nada que ver con la eterna tarea de Sísifo.  

Carlos Pallán Figueroa

Ex secretario general ejecutivo de la ANUIES

Universidades y financiamiento: ¿Sólo un susto?

La nota principal de Reforma del pasado lunes  (Recortan 32 por ciento a universidades, C. Salazar), que ocupaba un tercio de la primera plana, encendió las alarmas en todo el sector de la educación superior del país. No podía ser cierto. Tan sólo el pasado 15 de agosto, ante los rectores de universidades públicas, en Anuies, el Presidente Electo había hecho una promesa: incrementar las asignaciones para las IES  en un 5.3 por ciento, respecto al presente año. El anuncio parecía ser  la lucha frontal contra un medio universitario que, en lo general, espera resarcir algunas insuficiencias fundamentales en su operación. Ni en los tiempos del sexenio perdido, de Miguel de la Madrid, se había procedido de esa manera.  Se asemejaba a lo acontecido en la época de Gustavo Díaz Ordaz, en que se contrajo severamente el subsidio a las universidades, pero el sistema era muy diferente: 140 mil estudiantes matriculados frente a los más de cuatro millones de ahora. Una muestra de lo que eso significaba, según la nota, es la siguiente: a) el presupuesto de la UAM se reduciría en 7 por ciento; b) el del Colmex, 18 por ciento; c) los Institutos Tecnológicos Descentralizados pasarían de 3,870 millones a 2,340; d) las Universidades Tecnológicas y Politécnicas de 4,390 a 2,700….¡la catástrofe!

SEP: Ese “elefante reumático”

El calificativo es de Don Jesús Reyes Heroles. Tiene el enorme valor de haberlo acuñado en el tiempo en que fue titular de la secretaría, 72 años después de haber sido fundada por el Presidente Obregón y José Vasconcelos. La evocación se hace presente a dos semanas de que el nuevo Gobierno Federal entre en funciones y, con ello, las oportunidades o inconveniencias que se ciernen sobre la SEP. Estas dependerán, desde luego, del camino que finalmente se adopte en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial correspondiente. En estos cinco meses de transición el ambiente educativo ha estado dominado por lo que sucederá con la Reforma Educativa del Presidente Peña, principalmente lo que se refiere al Servicio Profesional Docente y la evaluación de profesores y directivos. Pero poco se han tocado otros temas referentes al Sistema Educativo Nacional. Uno de ellos es el correspondiente a la estructura y procesos con que se funcionará en los próximos seis años en la Secretaría. Aquí me refiero a ello.

La Estafa Maestra un año después

“Si Kafka hubiese nacido en México, sería escritor costumbrista”. La frase, convertida en lugar común, se le atribuye a Monsiváis para ilustrar cómo lo insólito de las situaciones narradas por el autor de El Proceso y El Castillo  resultarían comunes y corrientes en nuestro país, especialmente en los ámbitos de la administración pública de los tres órdenes de gobierno. Se han cumplido ya 14 meses de la publicación del vasto  y documentado reportaje,  La Estafa Maestra,  y no ha sucedido nada…o casi nada. De los 7,700 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014, y calificadas como irregulares (“fraude” les llama el reportaje), 3,400 fueron a dar a empresas fantasmas y, no obstante las denuncias penales interpuestas por aquella dependencia, la PGR  “sigue investigando… no hay un solo responsable en la cárcel por los desvíos, nadie ha enfrentado siquiera un juicio penal por ello”.