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Carlos Pallán Figueroa

Universidades al borde

Siete universidades públicas estatales (Upes) están a punto de una “quiebra técnica”. La situación, crítica en sí misma, no se constriñe desafortunadamente sólo a ellas. Muchas más están en ese camino y, de no adoptarse las decisiones adecuadas, pronto estarán viviendo una condición semejante. La frase puede parecer un eufemismo, pero no es así, se trata sólo de una expresión especializada. Sencillamente, se está frente a una quiebra técnica cuando en una organización las deudas contraídas por cualquier concepto son mayores a sus ingresos regulares y a la suma de bienes que posee. En el caso de las Upes que ya están en esa situación, para seguir operando requieren: a) continuar contrayendo deudas, si eso es posible; b) un rescate o saneamiento financiero, una medida que permita atenuar dicha deuda y alcanzar un equilibrio entre ingresos y gastos habituales. Al parecer, ninguna de las siete Upes ha conseguido en este fin de año una solución de ese tipo, solicitada en principio a la SEP. Aunque sí se han conseguido algunas medidas de carácter paliativo que, sacándolas momentáneamente del atolladero en que se encuentran, sólo tornarían más intenso el problema a partir del próximo año.

Universidades públicas: Presupuesto,Dineros y Autonomía

Para las universidades públicas del país, el asunto correspondiente a presupuesto, dineros y autonomía ha estado presente en primerísimo lugar desde hace unas semanas. Las tres cuestiones, con peculiares aspectos, se involucran en la “Estafa Maestra”, el vasto reportaje que desde el 4 de septiembre empezó a circular en diversos medios y que —en una especie de pago de justos por pecadores— ha lesionado ya al subsistema correspondiente, como se expuso en este espacio (Campus, 730). Ahora, en estos últimos días, lo más difundido gira en torno a: a) la quiebra técnica de siete universidades públicas y la negativa expresa por parte de la SEP  para ‘rescatarlas’, b) las asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a ese sector, así como los de ciencia y tecnología, y el de cultura, los tres íntimamente relacionados; c) la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a escala federal y estatal, y lo que algunas IES consideran una intromisión en la autonomía que gozan las casas de estudio. Pero también hay un cuarto tema, menos difundido, atribuible a una entidad federativa y a su universidad que, en sentido contrario a los problemas presentes en los primeros temas, y con una enorme relevancia nacional, abre nuevos caminos en materia de financiamiento. A este último, referente a la Universidad Veracruzana y la autonomía financiera otorgada por los poderes de esa entidad federativa, así como el relativo al SNA y los problemas que ya se advierten, son la materia de la entrega de hoy. Los dos restantes (a y b) se abordarán en una próxima. Empecemos por esto último.

Presupuesto 2018: Una valoración general

Sin sorpresas, el pasado jueves 9 fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año por la Cámara de Diputados, una semana antes de la fecha marcada como límite Constitucional. Queda para la especulación si lo que varios analistas calificaron como apresurada aprobación tuvo dedicatoria política, “regalo de despedida”, para el titular de la SHCP. Por lo pronto, decir “sin sorpresas” significa que el monto fijado en el proyecto se mantiene igual (5.2 billones),  superior 3.1 por ciento en términos reales respecto al de este año, siendo aprobado en lo general por una inmensa mayoría (413 vs. 49). Como ha sucedido a lo largo del sexenio, los miles de millones reclamados por organizaciones diversas para mejorar el proyecto entregado en septiembre, y reflejado en las 346 reservas presentadas por la oposición que se estrellaron una y otra vez ante un muro infranqueable; al final, la aprobación en lo particular de todo ese conjunto fue de 253 vs. 205.

Corrupción e impunidad: ¿También en San Juan (las universidades) hace aire?

Introducción: Acciones, Negligencia y Peligros
El 4 de septiembre fue día de mala suerte para Raúl Cervantes. Se despertó con el escándalo del Ferrari de su propiedad, emplacado en Morelos, y se durmió con él, ya para esa hora, recién publicado reportaje titulado La estafa maestra, relativo a la triangulación de contratos irregulares celebrados entre 11 Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (Deapf), secretarías del Poder Ejecutivo Federal y organismos descentralizados, principalmente, y ocho universidades públicas. Lejos estaba de imaginar que ambos asuntos (pero con mayor intensidad el primero) lo llevarían a renunciar al cargo de Procurador General de la República cinco semanas después. El del Ferrari, tema con cierto sex-appeal, arrasó en los medios y redes; la excusa de que se trataba de un “error administrativo” no hizo sino exacerbarlo. La estafa maestra, en cambio,  ha perdido vigor al paso de los días, pero, en el mundo de la educación superior pública del país, posiblemente apenas se inicie. Los hechos mostrados en el reportaje, no aclarados ni cuestionados hasta ahora (por las Depaf y las IES) son de tal gravedad que si no se explican adecuadamente y, en su caso, sancionan, dañarán a todo el conjunto de universidades públicas. Además, ante el azoro de las dependencias del gobierno federal que debieron haber actuado desde hace años (Procuraduría y Secretaría de la Función Pública), el peligro es que ahora reaccionen con “medidas ejemplares” cuyo efecto sea el de provocar que “justos paguen por pecadores”; que lo que fue conseguido para apoyar a las universidades públicas, se catalogue ya como una gran puerta para la corrupción y, por ello, sea cancelado definitivamente.

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