Por alguna razón, no del todo fundada, pero siempre presente, la aplicación o distribución de los incentivos fiscales para fomentar la actividad científica y tecnológica generan polémica, confusión y suspicacia. Ahora, se confunden los montos que dijo el Ejecutivo federal en su penúltimo informe de gobierno y los que para ese mismo año dice el comité encargado de distribuirlos; los primeros suman casi ocho veces más que los segundos. Los datos son oficiales y se supondrían confiables. No lo parecen.
La experiencia con la puesta en marcha de los incentivos fiscales es más o menos conocida. Hasta antes de los años 2000, la normatividad preveía la posibilidad de deducir del Impuesto sobre la Renta (ISR) el gasto destinado a capacitación y a investigación y desarrollo. El crédito fiscal era hasta por 20 por ciento de los recursos destinados a ese tipo de actividades y se consideraban 500 millones de pesos como monto máximo. Sin embargo, prácticamente ningún empresario, por más audaz que fuera, intentaba la deducibilidad, ya fuera porque esas actividades no eran de su interés o por no enfrentarse a la burocracia de Hacienda.

Lo que actualmente ocurre con el manejo de datos por parte de las empresas Cambdrige Analytica (CA) y Facebook (FB) tiene los ingredientes para un episodio de Black Mirror. Esta última es la exitosa serie de televisión británica cuyos derechos compró Netflix. El eje de la serie es mostrar cómo es o podría ser nuestra vida con el uso intensivo de la tecnología. Las situaciones que ilustra pueden ser irrisorias o dramáticas, pero casi siempre son muy perturbadoras. Todavía más porque un episodio, posible en la realidad real, no solamente altera el comportamiento individual, también puede minar instituciones básicas del Estado.

Al final de este mes concluye el periodo ordinario de sesiones de la LXIII legislatura. En materia de ciencia y tecnología son muchos y variados los pendientes, no solamente los que están apilados en comisiones, también está lo que anunció el presidente Enrique Peña hace casi tres meses y nada parece ocurrir. Ya no es novedad.
Ante el  final del periodo, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) se apresuró a publicar un exhorto a los legisladores, con carácter de urgente, para que aprueben una de las iniciativas más recientes que remitieron los senadores a los diputados (23.03.2018). Se trata de una modificación al artículo 29 de la ley de ciencia y tecnología que eliminaría trámites innecesarios y facilitaría la importación de insumos para el sector. Sin embargo, los diputados no han dicho que sí y tampoco que no. No es el único caso.

En poco más de una semana, la exigencia para que Conacyt solucionara los problemas sobre el llenado en línea del Currículum Vitae Único (CVU) y la captura de las propuestas de proyectos de investigación alcanzó el respaldo de más de 16 mil personas. Sin duda, un problema que ha padecido casi cualquier miembro de la comunidad académica, aspirante a recibir financiamiento por proyecto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o becario de posgrado.
La petición fue formulada a través del sitio electrónico “Change.org”. Una de las plataformas abiertas que se ha vuelto referencia para movilizar apoyos o iniciar campañas a favor o en contra de alguna causa. En este caso, la persona que inició la petición la tituló: “Conacyt ha convertido a los investigadores en los capturistas mejor pagados”. Las adhesiones rápidamente se multiplicaron y son un indicador del malestar que ha provocado el cambio en el sistema informático.