El más reciente episodio sobre el proceso de entrega-recepción de los asuntos del Conacyt fue un error y podría ser atribuido a la inexperiencia política y administrativa de la próxima titular del organismo, María Elena Álvarez Buylla. Sin embargo, también anticipa la oposición que enfrentará cualquier intento de modificar las estructuras de funcionamiento del sector y tensiones no resueltas en la conducción del organismo.
Los hechos son relativamente conocidos. Al inicio de este mes comenzó a circular en redes sociales un oficio, firmado por Álvarez Buylla y fechado el 24 de septiembre, en el que solicitaba al actual director del organismo rector de la política científica y tecnológica, Enrique Cabrero, la suspensión de “toda convocatoria abierta dentro del Conacyt que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para ejercicios 2019 y subsecuentes, y que haya sido emitida después del 31 de julio”.

La desigualdad de oportunidades educativas, la evaluación del desempeño, la calidad de los aprendizajes o la ampliación de la cobertura han aparecido reiteradamente como temas clave de la agenda educativa. Sin embargo, los docentes, a pesar de que no figuran centralmente en el debate actual, debieran ocupar una posición sobresaliente en la lista de pendientes y en el curso de las iniciativas. Después de todo, son uno de los principales destinatarios de la reforma educativa todavía en marcha y si la idea es expandir el sistema, seguramente formarán parte de las acciones del próximo gobierno.
A nivel nacional, desde hace aproximadamente un siglo, el 15 de mayo está dedicado a celebrar al maestro y es la ocasión para el reconocimiento de su labor o para recordar su problemática. El día después, sin embargo, nada más ha quedado el confeti de los festivales. El 5 de octubre de 1966 dos organizaciones internacionales aprobaron el documento: Recomendación conjunta de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la UNESCO relativa a la situación personal docente. A partir de 1994 la fecha de aprobación quedó como “El día mundial del docente”.

Las expectativas y los desencuentros sobre la Constitución Política de la Ciudad de México fueron mayores cuando apenas se proyectaba su redacción. Hoy, cuando la norma ya entró en vigor, a partir de este 17 de septiembre, conforme lo marca su primer artículo transitorio, pasa desapercibida. Ciertamente, el contexto actual es otro y pocos lo anticiparon; también será otro el próximo periodo gubernamental. Sin embargo, los derechos y las garantías que establece la carta magna local no son nada menores, incluyendo tanto educación como ciencia y tecnología.
La situación entre el nivel nacional y Ciudad de México (CdMx) es relativamente contrastante. Mientras la ciudad capital apenas estrena Constitución, el Congreso de la Unión se dispone a modificar, una vez más, ordenamientos que siguieron a las llamadas reformas estructurales, entre ellos los cambios al artículo tercero constitucional. Al menos, por las declaraciones, las escaramuzas legislativas y las promesas, es el escenario más probable. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema y priva sobre cualquier otro ordenamiento.

La ley federal de remuneraciones de los servidores públicos (LFRSP)  es el primer ordenamiento aprobado por la presente legislatura y es la norma que regulará los salarios de los funcionarios. Sin embargo, el límite salarial tiene excepciones, como poder desempeñarse en más de un puesto o realizar un trabajo que exige un saber altamente especializado.
La iniciativa no fue elaborada por los actuales diputados –aunque algunos de ellos, como Pablo Gómez, participaron hace tiempo en su debate-, , ellos solamente aprobaron con celeridad, sin quitarle ni una coma, la minuta que recibieron del Senado desde hace más de siete años. Pero sí, aunque necesita ciertas actualizaciones, la norma está en línea con las propuestas de austeridad y combate a la corrupción del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).