Tal vez sea ruido innecesario en la ya complicada tarea de gobierno, notoriedad de registro en las actas del Congreso de la Ciudad de México o una nueva escaramuza política que podría tener repercusiones importantes. En cualquiera de los casos, públicamente, no carece de importancia un reciente exhorto a la Secretaría de la Función Pública para que investigue, por transferencias ilícitas, a exfuncionarios federales de la administración anterior.
El caso es el mismo que registramos en estas mismas páginas desde hace unas semanas. Todo empezó el 17 de enero, cuando la actual directora de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, dijo públicamente que en la administración anterior, del raquítico presupuesto de ciencia y tecnología, se habían realizado transferencias, muchas de ellas líquidas, por alrededor de 50 mil millones de pesos a empresas privadas y varias de ellas eran transnacionales.

“Para mí, como científica, no es aceptable”. Las palabras sonaron fuerte porque las estaba diciendo María Elena Álvarez Buylla, la actual titular del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas en México. Las dijo el pasado 17 de enero, en la ceremonia de cambio de la coordinación general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Ahí concluía el doble periodo de José Franco como responsable del Foro y Julia Tagüeña asumió como nueva titular.
¿Qué es inaceptable para Álvarez Buylla? Básicamente, las voluminosas transferencias de recursos públicos hacia el sector empresarial. Por ejemplo, dijo la titular del Consejo: “No entiendo cómo es que durante seis años se hicieron aportes que, si juntamos toda la batería de fondos, de becas, de catedráticos, etcétera, está rondando los 50 mil millones de pesos de transferencias, muchas líquidas y otras igualmente importantes, del sector público de este raquítico prespuesto de ciencia y tecnología a empresas, muchas de ellas grandes empresas, muchas de ellas empresas transnacionales”.

Difícil que el presupuesto 2019 para la Ciudad de México (CDMX) cumpliera lo que le mandata su primera Constitución Política. También era poco probable que la principal norma de regulación de la administración local se planteara la posibilidad de establecer un Instituto desconcertado de una Secretaría. Así fue.
La Constitución Política de la CDMX apenas entró en vigor en septiembre del año pasado y, entre otros derechos y garantías, establece que toda la educación pública local “será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad”. En el mismo artículo 8, en diferente apartado, considera que habrá una partida para ciencia y tecnología que no puede ser inferior al dos por ciento del presupuesto de la Ciudad.

La Mesa de la Cámara aprobó para el año próximo un monto de 200 mil euros para una oficina de ciencia y tecnología en el parlamento. Esto ocurrió la semana pasada: “los principales grupos políticos de la cámara alcanzaron un raro consenso para crear esta oficina, cuyo presupuesto aparece en el capítulo de gastos de personal” (El País. 10.12.2018).
Una oficina que ofrecerá información no partidista a los diputados, siempre sobre la base de evidencias científicas, con el fin de enriquecer el debate político y ofrecer elementos para la toma de decisión. Pero no, no se trata del Congreso mexicano, es el caso de España y es la mesa que preside Ana Pastor.