La búsqueda de autonomía se extiende en la historia misma de la institución universitaria y el debate asoma en la arena pública cada tanto, casi siempre anticipando una cambiante relación con el poder o para establcer nuevas reglas de juego. Ahora, otra vez parece configurarse la intención de un cambio, no sobre la base de interpretaciones de la norma vigente de la autonomía, como ocurrió hace tres décadas, más bien bajo la idea de cambiar la norma misma. Una diferencia notable.
En México, la ocasión más reciente de verificación de una extendida polémica sobre autonomía en el conjunto de universidades fue al final de los años ochenta y el comienzo de los noventa. Por supuesto, han existido fechas periódicas de conmemoración en las que adquiere alta visibilidad pública, también cuando se elevó a rango constitucional hace casi cuarenta años o en el 2009 cuando se pronunció la Suprema Corte. Sin embargo, fue hace casi tres décadas cuando operó un giro en la relación entre las universidades y el Estado.

La reforma de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales sigue en vilo, por lo menos así era hasta el lunes de esta semana. A pesar de que las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen correspondiente el pasado 27 de marzo, el proyecto no se discute en el pleno porque se oponen rotundamente profesores de la CNTE.
En realidad, el rechazo no es generalizado a todos los componentes de la reforma. De hecho, la mayoría son más bien subestimados o aparecen de forma marginal en el debate público. Ahí no tiene relevancia el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva que plantea la reforma, tampoco el principio de inclusión, la interculturalidad, el mejoramiento de la educación, el desarrollo sostenible o el derecho a la ciencia y a gozar de los beneficios del desarrollo científico y sus aplicaciones. Sí, esto último como propone la fracción V del artículo 3º constitucional en el proyecto de dictamen.

Las principales iniciativas hacia el sistema nacional de ciencia y tecnología, todavía hasta mediados de los años noventa, se concentraban fundamentalmente en ampliar e impulsar las capacidades del sector. Sin embargo, al final de esa década y con el cambio de siglo, comenzó a formularse con mayor claridad, una cierta exigencia hacia ese mismo sistema para que mostrara explícitamente una mayor contribución para resolver los grandes problemas de la nación y para que sus resultados fueran visibles. Lo había mostrado antes, pero a partir de esas fechas comenzarían a formularse lineamientos para modificar la estructura de incentivos.

Al Conacyt lo encabeza por primera vez una mujer: María Elena Álvarez Buylla. Desde la fundación del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, hace casi medio siglo, 13 hombres se sucedieron, unos a otros, en la posición de directores. Ninguna mujer estuvo en la primera línea de mando. Ahora, no solamente una mujer está a cargo de la dirección, otras mujeres tienen posiciones clave para la conducción del sector.
No es fortuita la presencia de un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad, es el resultado del esfuerzo que han desplegado generaciones enteras para franquear barreras y abrirse paso, poco a poco, pero de forma sostenida en la escalera curricular. Es una lucha de siglos, pero ciertamente en las últimas dos décadas el avance ha sido notable.